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Artículo publicado en el periódico El País, el día 9 de diciembre del 2020.

 

Para bien y para mal, México está viviendo un proceso de cambio. Desde luego, no de la trascendencia que el presidente López Obrador supone. Hay varios indicadores para comprobar la falta de profundidad de las modificaciones y, lo que tal vez es más importante, de su falta de permanencia. En el plano de las reformas constitucionales estimo como muy positiva el reconocimiento de los afromexicanos, el otorgamiento de las pensiones, la paridad de género, pero estimo muy pernicioso el aumento de los supuestos de prisión preventiva oficiosa, la creación de la Guardia Nacional y la asignación de labores de seguridad a las fuerzas armadas. Más allá de este sintetizado balance, ni los cambios constitucionales realizados ni los por venir –reforma judicial o cambio del fuero presidencial— tienen el potencial de transformación que el Presidente considera.

En el ámbito legal sucede lo mismo que acabo de señalar. ¿Cuál de las reformas legales o nuevas leyes tienen el potencial de cambio que el presidente estima? Dicho de otra manera, ¿qué ley tiene la posibilidad de lograr algo que con el tiempo pueda ser semejante a lo alcanzado con la independencia, la reforma o la revolución? Más allá de la desafortunada confusión que implica asistir a un resultado y predicar su realización, lo cierto es que nada en el plano legal tiene la dimensión deseada.

Dado que la transformación demandada no ha tenido su origen ni su destino en ninguna de las dos más importantes fuentes del derecho nacional –la Constitución y las leyes—, conviene averiguar dónde y cómo está buscándose el cambio. Me parece que la respuesta se encuentra en el ámbito de las prácticas que, sin contrariar necesariamente al derecho, se han querido generar por el Presidente mismo. Casi a diario asistimos a los esfuerzos de López Obrador para tratar de construirse como, si no el único, sí el más importante referente del quehacer político, social, moral y económico de toda la nación. En el espacio informativo de las conferencias mañaneras, el Presidente quiere determinar todo o mucho del transcurrir de todos nosotros en un arco que va desde los deportes a las conductas individuales, de la conducción de los asuntos públicos a la apreciación de la literatura o de los eventos dedicados a tratarla. Al intentar lograr la construcción del mundo del modo que en otra ocasión llamé “performativo”, el Presidente pasa de lado al derecho. Lo que él quiere no está puesto ahí ni, infiero que supone, va a lograrlo por sus canales regulatorios.

El proyecto presidencial consiste en transformar las conciencias y las costumbres para finalmente alcanzar su tan deseada transformación social. El medio para hacerlo es el mismo Presidente y los modos son su palabra, su ejemplo y poco más. El derecho no es para él ni palanca ni obstáculo, es una circunstancia que debe amoldarse o ignorarse dada la superioridad de los fines buscados. Por las mismas razones que el derecho no es para el Presidente algo a considerar para lograr su tarea, así tampoco es algo que considere para la consolidación de su obra. Lo que él quiere lograr no está imposibilitado por las normas jurídicas, como tampoco requiere ser puesto en ellas para darles realidad ni permanencia. En su visión del mundo, la verdadera modificación de las costumbres no puede pasar por las normas. Tiene que ser un acto de transformación interna.

Si los esfuerzos de López Obrador buscan basarse en sus palabras y actitudes, es previsible que quedarán contenidos en las posibilidades del ser humano. Su falta de institucionalización las hará dependientes del hombre, del partido y sus tiempos. Es difícil imaginar el modo en que las palabras y las conductas de una sola persona podrían determinar el ser de quienes hoy estamos aquí y de quienes habrán de sucedernos. En fin, el tiempo dirá si la estrategia comunicacional fue o no suficiente para lograr la cuarta de las etapas gloriosas del devenir nacional.

Más allá de estas conjeturas futuristas “tan prometedoras”, hay una situación del todo presente que merece ser resaltada: la ambigüedad con la que López Obrador se conduce respecto al derecho, la cual, por las razones apuntadas produce, me atrevo a decirlo así, situaciones de angustia. Si en ocasiones éste es tomado en cuenta de manera expresa, podría suponerse que sigue siendo la condición común de nuestra convivencia y que conforme a ella se está actuando. Sin embargo, si otras veces se le deja expresamente de lado, parecería que el juego es ya político o, al menos, no jurídico. La ambivalencia es notable y es constante. ¿Es deseable o no modificar leyes y reglamentos? ¿Conviene actuar conforme a derecho o encontrar un valedor político?

La autollamada “cuarta transformación” está generando nuevos conflictos, en esto no hay nada de particular. La manera en la que se están creando nuevas élites y desplazando a otras, es muestra de ello. La forma en la que se asignan recursos o se simbolizan –positiva o negativamente— a ciertos sujetos o grupos, también. Lo que interesa apuntar aquí es que la nueva conflictividad que se está generando no está encontrando formas de expresión y resolución. La ambigüedad que se está imponiendo con y sobre el derecho imposibilita no solo que los conflictos tradicionales se plasmen jurídicamente, sino que los nuevos encuentren ese tipo de solución.

Dicho de otra manera, la mecánica lopezobradorista no está asumiendo que su actuar es causa generadora de controversias ni, mucho menos, que debiera hacerse cargo de ellas. Entiendo que debe ser difícil asimilar que en el proyecto de gobierno debe considerarse como necesario resolver los problemas, y que el gobernar puedan causarlos a aquellos frente a quienes se pretende actuar para modificar el estado de cosas que se estima indebido. Sin embargo, también me parece que al menos debieran mantenerse abiertas y fluyendo las posibilidades de impugnar las decisiones del gobierno, así quienes se sientan afectados podrán expresarse y, en su caso, encontrar remedio a sus males. Desafortunadamente, a lo que estamos asistiendo es a la limitación de esas opciones de contraste mediante medios jurídicos, sea por la descalificación expresa a quienes pretenden utilizar los medios judiciales establecidos, sea por el apoderamiento expreso de las instituciones de justicia o, sea por la limitación normativa de los recursos judiciales.

En los próximos años veremos, muy desafortunadamente, que las ambigüedades que sobre el derecho mantiene el presidente López Obrador, serán causa de grandes conflictos. Veremos, también, que esos conflictos no encontrarán cauces adecuados de resolución. Con los años sabremos que, como ha sucedido con otros proyectos de transformación, sus realizadores cerraron los medios existentes de impugnación jurídica y no abrieron aquellos que debían permitir contrastar sus actuaciones en busca de un cambio. Con el tiempo veremos que este proyecto con afanes modernizadores no supo ni quiso generar sus propias condiciones de posibilidad.

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