Tecnologías y justicia

Artículo publicado en el periódico El País, el día 13 de octubre del 2020.

 

Los últimos meses han sido complejos para la justicia. El cierre de juzgados y tribunales ha pospuesto la presentación de demandas, la continuación de los juicios iniciados y la ejecución de las resoluciones judiciales. Adicionalmente, a las cargas tradicionales de los ciclos litigiosos propios de cada año, hay que aumentar los muchos asuntos derivados de los tiempos Covid-19. Por ejemplo, los despidos, los incumplimientos de contratos, los divorcios, las responsabilidades profesionales y temas semejantes o relacionados. No es exagerado decir que, tanto en México como en prácticamente todo el mundo, la impartición de justicia enfrentará una grave condición cuando no, de plano, un colapso.

La situación de parálisis o de franco y generalizado rezago, es un asunto socialmente mayor. La justicia, con todas sus fallas y problemas, es el medio privilegiado de resolución de conflictos individuales y colectivos de nuestro tiempo. Por una parte, en efecto, en ella está concentrado el monopolio del ejercicio de la acción penal y, de la mano de él, el control institucionalizado de la venganza privada. Por otra, a los órganos de justicia les corresponde la asignación de los bienes y los males que las sociedades modernas decidan asignar a sus integrantes mediante la acción legislativa. Si los juzgadores fallan en sus tareas por la mala gestión, la impericia o la corrupción, se quiebra un mecanismo que, insisto, más allá de déficits y problemas, está destinado para ordenar la convivencia y lograr ciertos niveles de pacificación.

Tal vez uno de los problemas más serios de la justicia en los actuales momentos pasa por la incapacidad de las autoridades políticas de entender lo que la justicia significa socialmente. En varios países del mundo, la pretensión por lograr de una vez y para siempre una verdadera justicia material, impide ver la necesidad de la justicia “judicial”. Enredados en los discursos sobre las formalidades jurídicas, las intermediaciones de los abogados o los límites de las reparaciones determinadas en las sentencias, los políticos menosprecian los mecanismos judiciales y lo muestran denigrando la función ya de palabra o con los consabidos recortes presupuestales.

A estos problemas cada vez más evidentes de carácter externo es posible agregar otros que por mero contraste llamaré internos. Estos son los provenientes de la incapacidad de los juzgadores de identificar las situaciones de riesgo en que su quehacer se encuentra, así como, y en consonancia, de plantearse las soluciones para enfrentarlos. Algunas de las más importantes judicaturas del mundo suponen, desde luego equivocadamente; que, así como en el pasado tuvieron la capacidad de administrar sus rezagos y de una forma u otra salir adelante, en los momentos actuales y en los post-Covid, podrán volverlo a hacer. Que lo único que deben hacer es esperar a que las cosas transcurran prácticamente como siempre, pues en algo así como en el mediano plazo habrá de alcanzarse una condición semejante a la vivida antes del inicio de la pandemia.

Lo que tanto las visiones políticas como las jurisdiccionales no están considerando son, me parece, tres elementos: la ya señalada importancia de la justicia como medio de pacificación social, los graves problemas que la misma enfrentaba antes de la pandemia y la acumulación de males que habrán de sobrevenir al concluir ésta. Como suele recordarme con frecuencia un querido amigo, la salida de los problemas en general y de los que existen en la justicia en lo particular, no habrá de darse siguiendo la técnica del Barón de Munchausen quien, como se sabe, logró salir de un pantano junto con su caballo tirando de su propio cabello. Por el contrario, la única solución posible para enfrentar la crisis pasa por el establecimiento de nuevas herramientas o, si se quiere, por la creación de maneras de enfrentar de manera distinta los viejos y los nuevos problemas.

A este respecto, hace unos días tuve la oportunidad de presentar la “Guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia”, elaborada por el muy profesional equipo de México Evalúa. Lo que en este estudio se hizo fue dividir las diversas etapas de los medios alternativos de resolución de disputas y de procesos judiciales, a fin de encontrar las maneras en las que se están utilizando herramientas tecnológicas en diversos países del mundo. Mediante la identificación de los mejores ejemplos, la guía pone en evidencia la posibilidad de usar distintos mecanismos para resolver diversos conflictos.

Lo que más llamó mi atención en el estudio, es la variedad de soluciones que existen desde luego con diversos niveles de costo y sofisticación tecnológica. Desde soluciones instrumentales al proceso como la firma electrónica, hasta los diversos medios de celebrar audiencias o procesar integralmente los juicios hasta su etapa de resolución. Considerando lo que pasa en países con diversos orígenes jurídicos o distintas prácticas judiciales, las soluciones se muestran no solo como detalles o ejemplos curiosos, sino como realizaciones prácticas y eficaces. Ello se debe a la idea eje contenida en el propio título del trabajo, es decir, en la identificación de las mejores prácticas, si no en todos, sí al menos en muchos momentos procesales.

En los años por venir habremos de enfrentar crecientes problemas individuales y sociales. Creo que en México algunos de ellos serán particularmente graves, no solo por los efectos de la pandemia, sino por la acumulación de las violencias que continuamos viviendo y los graves deterioros económicos que sin duda se agudizan. Si ello será así, y así parece que será, queda por preguntarnos por los mecanismos mediante los cuales resolveremos nuestros conflictos en condiciones de creciente escasez. En un mundo donde los bienes políticos, financieros, laborales, sanitarios y de seguridad serán menos y estarán mal distribuidos. En un contexto en donde por razones políticas, si no toda, sí mucha de la actividad jurisdiccional encaminada a la resolución de los conflictos estará cuestionada.

De ser correcto mi desalentador pronóstico, creo que buena parte de la solución pasa, en primer lugar, por la creación de mecanismos legales que permitan la adopción de la más amplia gama de mecanismos tecnológicos. Ahora que en el Congreso de la Unión se están discutiendo leyes relacionadas con los medios alternativos de resolución de disputas o el importante Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es importante que se desarrollen a plenitud estas posibilidades. Por otra parte, existe un gran potencial de soluciones con la adopción de acciones eficientes por parte de los propios órganos de impartición de justicia. Por la implementación que por sí mismos puedan llevar a cabo para facilitar y acelerar sus tareas. Suele decirse que las crisis pueden llegar a generar oportunidades. Sin duda alguna estamos frente a una de ellas en materia de justicia. Tampoco es tan difícil aprovecharla.

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