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Artículo publicado en el periódico Reforma el día 23 de junio del 2020.

 

El semáforo epidemiológico se hunde. Hugo López-Gatell ha perdido la brújula jurídica y el liderazgo ante las autoridades estatales. Sus conferencias nocturnas son objeto de escarnio: un día dice una cosa y al día siguiente se desdice, y así cada semana. Esta volubilidad se refleja en la gradación de la reapertura.

La Secretaría de Salud tiene competencia exclusiva para imponer acciones extraordinarias contra la pandemia, como el semáforo con rojo, naranja, amarillo y verde para identificar los niveles de alerta. A los funcionarios locales corresponde, en cada color, la incorporación gradual de las actividades no esenciales y la asignación de aforos.

El primer semáforo, el 29 de mayo, puso al país en rojo, salvo Zacatecas en naranja. La metodología no se publicó en el Diario Oficial, como lo exige la Ley General de Salud; y se insinuaron cuatro criterios: ocupación hospitalaria, positividad de coronavirus, casos hospitalizados y casos sospechosos. Bastaba con que uno de estos arrojara un nivel alto para que la respectiva entidad federativa quedase en rojo.

La fórmula para calcular estos criterios fue secreta. Los gobernadores disputaron el ocultamiento y que el semáforo no se consensuó previamente con ellos. El liderazgo de López-Gatell se resquebrajó.

El 5 de junio México entero amaneció en rojo. Las páginas del Diario Oficial siguieron en blanco. Una semana después, con otra metodología, la mitad del país apareció en rojo y la otra en naranja. El subsecretario la cambió de un plumazo, utilizando un sistema de “ponderados” que asigna un 50% a ocupación hospitalaria, 10% a positividad de coronavirus, 20% a casos hospitalizados y 20% a sospechosos.

El viernes 19, como en una partida de dominó, 17 estados se pintaron de naranja y 15, de rojo. Los cálculos siguen sin publicarse. El caos se ha agudizado y la descoordinación alcanzó a los municipios. El resultado es la incompatibilidad entre el semáforo federal y las acciones locales. El desconcierto se acrecentó con la invitación del presidente López Obrador para salir a la calle, al tiempo que López-Gatell repetía que el pico de la pandemia estaba por llegar.

Los colores del semáforo se encienden sin ton ni son para favorecer la reapertura. Por eso la Ciudad de México oscila entre rojo y naranja, con el Estado de México en distinta tonalidad. Tabasco reanudó actividades a pesar de encontrarse en riesgo máximo. Sinaloa, también en rojo, titubea.

López-Gatell ha optado por gobernar a tuitazos. Violando la Ley General de Salud, en Twitter adelantó a naranja algunas actividades no esenciales marcadas en amarillo por los estados: albercas, gimnasios y peluquerías, por ejemplo. En otro tuit, violando las disposiciones locales, amplió los aforos en hoteles y restaurantes al 50% y en cines y teatros al 25%. La reactivación de la economía es necesaria, pero no con tal desparpajo.

Semáforos van y colores vienen, y los ciudadanos no sabemos a qué atenernos. Desde el púlpito de la ilegalidad, López-Gatell se obstina en arriesgar nuestra salud y vida; mejor sería que midiera la profundidad del despeñadero. Si su estrategia es huir hacia adelante, es mala idea desafiar la frustración de las víctimas del COVID-19 y sus familiares.

 

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