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Artículo publicado en el periódico Reforma, el 16 de diciembre del 2020.

El verdadero color del semáforo epidemiológico es el negro. Las muertes por COVID crecen de manera exponencial. Los hospitales del país están de luto. Durante seis meses, el eje de la estrategia de López-Gatell para armonizar la atención de la pandemia y la reapertura de actividades fue el semáforo, y de buenas a primeras se volvió “intrascendente”.

Sin embargo, el debate sobre la tonalidad solo distrae. Se olvidan temas críticos como el desabasto de oxígeno y equipo de protección hospitalario, el agotamiento de médicos y personal de salud, así como la insuficiencia de camas COVID, respiradores y espacios en terapia intensiva. Las autoridades dan palos de ciego; ni siquiera con el cubrebocas hay congruencia. La espiral de enfermedad y muerte se cierne sobre la indiferencia del gobierno.

En tiempos turbulentos se pierde el norte. La brújula está en los principios constitucionales. Si existe consenso sobre la necesaria conciliación entre la emergencia sanitaria y la reactivación económica, el Estado tiene la obligación de establecer estrategias que tomen en cuenta los derechos humanos a la vida y la salud, y el desarrollo laboral y empresarial. Es un equilibrio reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un confinamiento como el de abril y mayo, justificado por la ignorancia y dimensión de la pandemia, hoy carecería de razonabilidad lógica y constitucional. La protección de vidas no puede implicar, a rajatabla, la destrucción de la economía y el abatimiento de la salud mental de las personas. Por ello, el semáforo epidemiológico resulta anacrónico y tendría que desaparecer, pero solo si se sustituye con un renovado plan sanitario y de reapertura de actividades. Se requiere un nuevo abordaje que esclarezca las medidas a seguir.

En la crisis actual, el semáforo estorba y confunde más de lo que ayuda. No obstante, la omisión de López-Gatell de emitirlo la semana pasada, con independencia del color, es causa de responsabilidades legales. La Ley General de Salud obliga a publicarlo de forma semanal y por regiones. Es una facultad exclusiva de las autoridades federales que los gobernadores no pueden arrogarse.

Nuestros derechos humanos están en juego. La saturación hospitalaria se entrelaza con el desbordamiento en los espacios públicos, en combinación con la fatalidad pandémica. Estamos ante una actividad económica ralentizada que se subleva contra la insuficiencia hospitalaria. La narrativa del gobierno se empeña en mantener un semáforo naranja con tonalidad bermellón, ante una población que se debate entre el temor por la enfermedad y la indolencia que raya en el darwinismo social.

El color del semáforo, los mensajes de sana distancia y ‘quédate en casa’ caen en tierra infértil. Después de discursos plagados de medias verdades y mentiras ocultas, el subsecretario de Salud se angustia por contener el jolgorio y los festejos decembrinos. Es un signo de su desesperación para que, ahora sí, los ciudadanos aceptemos la gravedad de la crisis sanitaria. Retomar el orden constitucional es una mejor opción. El Árbol de la Vida de nuestro país está marchito.

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