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¿Regular las redes sociales?

Artículo publicado en Milenio, el día 17 de febrero de 2021

El internet junto con otros desarrollos tecnológicos relacionados, en especial las plataformas digitales, constituyen un hito en la historia de la humanidad. La revolución digital ha modificado los patrones y las dinámicas de comunicación, y con ello ha transformado la vida social.

Esta transformación ocurrió en un ambiente de tecno-optimismo que buscaba generar espacios horizontales y de gobernanza descentralizada. Pero como siempre ha ocurrido con las tecnologías disruptivas, con las oportunidades concurren los riesgos. El techlash puso de manifiesto las afectaciones reales y potenciales a varios derechos fundamentales, a la capacidad de las personas de elegir, a la libre concurrencia en los mercados y a la incidencia indebida en los procesos políticos democráticos.

Para enfrentar estos riesgos, el arsenal jurídico tradicional resulta insuficiente. Los supuestos clásicos de la regulación del Estado nación resultan ineficaces para enfrentar un fenómeno que altera las coordenadas espacio temporales, que se produce de manera global, y en donde concurren múltiples partes interesadas.

De manera general, en el mundo podemos identificar tres alternativas regulatorias. La autorregulación, la creación de cartas de derechos y obligaciones digitales, que supone un mecanismo de corregulación, y el diseño de leyes específicas.

A su vez, la regulación tiene tres grandes propósitos. Evitar la concentración en los mercados digitales, incidir en desincentivar o eliminar ciertos discursos y regular ciertas conductas que pueden afectar derechos de las personas usuarias.

La regulación de las redes sociales es un debate global que no tiene aún una respuesta medianamente satisfactoria. Cualquier intento por establecer reglas debería partir de comprender cabalmente la arquitectura y el funcionamiento de internet y sus capas. Después, es necesario articular, entre otros elementos, una definición clara del problema a resolver, de las alternativas posibles, de los objetivos a alcanzar y de las capacidades establecidas para implementarla. Sin estos elementos la regulación será una obra de ficción.

Además, tiene que surgir de un debate abierto y plural que tenga como base los estándares internacionales de derechos humanos y que sea compatible con la naturaleza libre, abierta y descentralizada de internet.

La iniciativa presentada por el senador Monreal la semana pasada puso las banderillas en el toro. La propuesta tiene problemas de fondo, pero abre las puertas a un debate necesario. Casi al mismo tiempo, el presidente López Obrador se pronunció por “no regular”, postura que también es problemática. Necesitamos avanzar en un entendimiento compartido de los riesgos, de qué herramientas contamos para reducirlos, de qué entorno digital queremos gozar y cómo potencializar las libertades.

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