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Artículo publicado en Milenio, el día 29 de septiembre de 2021.

Resulta revelador el comunicado que emitió la Fiscalía General de la República el 22 de septiembre pasado (bit.ly/3ibLp3E), después que un juez de distrito negara librar las órdenes de aprehensión contra 31 investigadores y ex funcionarios del Conacyt.

En su resolución, el juez concluyó que los hechos presentados por la Fiscalía no constituyen delitos, simplemente porque es su momento estuvieron previstos en la ley. El juez sigue la línea argumentada por la Suprema Corte, que consideró que el financiamiento del Foro Científico y Tecnológico fue legal.

A la decisión judicial, la Fiscalía respondió con un comunicado lleno de falacias donde anuncia su intención de mantener la acusación. Los documentos públicos disponibles muestran —contra lo argumentado por la Fiscalía— que ni el Foro es una “empresa privada” (es una asociación civil constituida por instituciones como la UNAM, el IPN y las academias científicas), ni fue creada por los funcionarios acusados, ni éstos se incorporaron al Foro. Este incomprensible empecinamiento abre la puerta a todo tipo de especulaciones sobre los motivos de la Fiscalía.

Esta terrible historia nos obliga a reflexionar, además, sobre otras dimensiones. Primero, que el régimen penal excepcional de delincuencia organizada puede ser utilizado para otros propósitos distintos a combatirla. Es un arma poderosa, construida para limitar los derechos de los acusados, y que sigue la lógica del derecho del enemigo, según lo ha expuesto con lucidez José Ramón Cossío (bit.ly/3CWzw9Ho). Además, el populismo punitivo incrementó en 2019 el número de delitos con prisión preventiva oficiosa. Cuando estos instrumentos se usan mal, subsidiamos con un altísimo costo las deficiencias estructurales de las capacidades de investigación del ministerio público.

Segundo, el paso a una Fiscalía autónoma ha tenido muchos problemas. La reforma de 2014 buscó crear un organismo profesional, no subordinado al poder político y capaz de avanzar seriamente en la lucha contra la impunidad. Pero el enorme poder que se le transfirió requería de un diseño institucional con contrapesos.

Aunque de manera incipiente, la primera Ley Orgánica de la Fiscalía contenía algunos controles. Posteriormente, el fiscal Gertz propuso una segunda ley que los redujo al tiempo que lo dotó de muchas facultades discrecionales. A pesar de las advertencias, el Congreso de la Unión pasó esta ley casi sin debate.

Ahora vemos las consecuencias de esta combinación: una Fiscalía poderosa, pero sin contrapesos, que goza de enorme discrecionalidad, con una rendición de cuentas prácticamente inexistente, vinculada el poder político, desmantelada en sus capacidades institucionales y cuya eficacia para combatir la delincuencia organizada y la corrupción es muy limitada. Por esta ruta seguiremos soñando con una Fiscalía que sirva.

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