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Artículo publicado en El Universal, el día 20 de abril del 2021.

El pasado 16 de abril se publicó el “Quinto Informe de Seguimiento de Recomendaciones Formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Situación de los Derechos Humanos en México”. Para su elaboración, la Comisión Interamericana (CIDH) solicitó al Estado mexicano presentar la información sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe del País respecto al año 2020, la cual se recibió el 29 de octubre del mismo año. El Informe considera en siete secciones las medidas adoptadas por el Estado para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH y puntualizar las tareas pendientes. En concreto: seguridad ciudadana, desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia y afectación a grupos particulares (LGBTIQ+; mujeres; niñas, niños y adolescentes; indígenas; personas privadas de libertad; migrantes y desplazamiento interno forzado; defensores de derechos humanos y libertad de expresión).
La primera consideración es la calidad de la metodología seguida. En cada uno de los rubros se tratan los antecedentes, los avances y, finalmente, los problemas subsistentes o de nueva aparición. Existe un arco narrativo que permite contextualizar aquello que estaba antes de que el actual gobierno comenzara sus funciones y aquello que se ha suscitado en y por él. Se logra separar y visualizar lo que hicieron los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña frente a lo que puede atribuirse a la presidencia de López Obrador. Estas diferenciaciones son importantes para poder determinar las correspondientes responsabilidades nacionales e internacionales.
Además de los señalamientos particulares, las conclusiones generales del informe de la CIDH son plenamente coincidentes con los pronunciamientos que otros actores han realizado sobre la crisis de los derechos humanos en México. La Comisión reitera al Estado mexicano las recomendaciones emitidas en su Informe del 2015. Si bien acepta que se han registrado avances en el cumplimiento de algunas de ellas, considera que se mantienen fuertes desafíos en el fortalecimiento institucional. Puntualmente identifica carencias en la promoción de la igualdad de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres, la protección de personas defensoras y periodistas y la atención a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Destaca también la importancia de incorporar un criterio transversal sobre las recomendaciones relativas a grupos vulnerables con el fin de visibilizar la situación de las poblaciones afromexicanas, LGBTIQ+, mujeres, niños y adolescentes, privadas de libertad, migrantes y defensores de derechos humanos. La Comisión externó también su preocupación por el elevado número de desapariciones y homicidios, así como por la falta de investigaciones al respecto.
A juicio de la CIDH, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha entre el marco normativo y la realidad en la que viven los habitantes del territorio nacional, sobre todo en lo concerniente a la prevención de las violaciones a los derechos humanos. En particular, en el Informe se estima que el acceso a la justicia continúa representando un reto central, ya que una justicia eficiente y eficaz es clave para la lucha contra la impunidad y eje central en la respuesta a cualquier violación de los derechos humanos. No es cuestión menor que la Comisión Interamericana denuncie lo mucho que le falta hacer al actual gobierno en materia de derechos humanos. La condición de estos viene a peor, tal como lo muestran las muchas alarmas que ya están sonando.

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