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Artículo publicado en la revista Expansión.

Para quienes operan en la informalidad, el peor error es darse de alta en el registro federal de contribuyentes. La afirmación es radical, pero realista: el sistema fiscal mexicano es, paradójicamente, el primer obstáculo para integrarse al sector formal de la economía.

En la opacidad, las personas escapan de las garras del fisco federal. Cambiar de cancha sería una calamidad: dar la cara al Servicio de Administración Tributaria, proporcionar sus datos personales y biométricos y un domicilio físico, obtener una firma electrónica avanzada y un certificado de sello digital, contar con buzón tributario y proporcionar dos medios de contacto directo —correo electrónico y celular—, llevar contabilidad electrónica y subirla mensualmente a la plataforma del SAT, expedir comprobantes fiscales digitales por internet y, lo peor, pagar impuestos.

La formalidad es asfixiante. Todos los pagos deben efectuarse y recibirse a través del sistema financiero, en cuentas bancarias plenamente identificables para efectos tributarios. Si son patrones, tienen que dar de alta a sus trabajadores en el IMSS e Infonavit, enterar las cuotas y aportaciones respectivas, y pagar el Impuesto sobre la Renta retenido sobre salarios.

Las reformas de las últimas cuatro décadas han insistido en la necesidad de ampliar la base de contribuyentes, en referencia a la incorporación de los informales al régimen ordinario de tributación. En 2021, el estribillo se escucha en foros académicos, profesionales y legislativos. Sin embargo, la reiteración delata que los intentos del pasado han sido fallidos y el fenómeno no solo no ha decrecido, sino que ha aumentado, como lo demuestra la estadística oficial.

Los eslabones de la informalidad son poderosos y añejos. Históricamente, numerosas actividades económicas se realizan por dinastías familiares que, ligadas entre sí, operan a la manera de monopolios empresariales. En esos círculos, es impensable el transfuguismo de sus integrantes. La mofa de sus pares no es el problema, sino padecer el escarnio de quedar excluido de un mundo cuya singularidad solo ellos entienden y dominan. Refugiarse en los brazos del SAT no es su mejor opción.

Una consecuencia natural y entendible —identificado por el gobierno federal— es el cruce de negocios entre el sector formal y el informal, con frecuencia con la intermediación de empresas fantasma, el manejo de contabilidades paralelas y el uso de tarjetas de crédito que no se reportan al fisco federal. El campo de interacción es amplio y en él destacan las gasolineras y restaurantes, al igual que personas físicas que prestan servicios independientes.

Los circuitos de la ilegalidad son inescrutables. Importantes segmentos se integran a cadenas ligadas con el contrabando, la piratería y el lavado de dinero asociado al narcotráfico. Es dinero fácil y lucrativo. En los criterios de riesgo no está el cumplimiento de las leyes fiscales, sino malquistarse con los jefes de las mafias. Así visto, los capos de las drogas son el arquetipo de la informalidad.

El nudo gordiano se aprieta en el sistema financiero. Desde hace tres lustros, la legislación exige que los bancos cuenten con la información completa y veraz de sus cuentahabientes, en especial su registro federal de contribuyentes. El rezago es descomunal, propiciando que los tentáculos de la informalidad se desplieguen con holgura e impunidad.

La disonancia del discurso oficial es dramática. Es como si la frecuencia radiofónica de las autoridades se modulara en FM y los informales en AM. El surrealismo extremo es que, para ordenarse, hay que darse de alta en el registro federal de contribuyentes de manera presencial. Sin embargo, el SAT no da citas para esos fines (ni para cualquier otro) y conseguirlas es una epopeya absurda. A ellos, ese problema ni les va ni les viene; simplemente permanecen en la comodidad de su situación actual.

La realidad demuestra que las herramientas fiscales son inapropiadas para modificar las dinámicas y costumbres de la informalidad. Se echa de menos una estrategia de política pública —no meramente recaudatoria, como siempre lo es— que coordine al gobierno federal con los estados y municipios y que implemente estímulos eficientes para regularizarse.

La situación es compleja en extremo, en un régimen clientelar explotado por partidos políticos y las autoridades en turno. La satanización de los informales es una forma cínica de discriminación social. Obstinarse en que, ahora sí, una reforma fiscal será la bala de plata para solucionarlo es una fantasía y el augurio de un nuevo fracaso gubernamental.

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