La política de la Secretaría de Energía o el autosabotaje

Artículo publicado en La Silla Rota el día 26 de mayo del 2020.

 

El Acuerdo de CENACE se compone de un amontonamiento de información y de afirmaciones no justificadas.

Hay acciones humanas que, si mal empiezan, mal acaban. La política que ha implementado la Secretaría de Energía para desplazar a los generadores privados de energía eólica y fotovoltaica, es de esas.

Los primeros síntomas se asoman en el número de suspensiones que los jueces han otorgado en los juicios de amparo promovidos por los generadores. Está dentro de lo previsible que cuando se afectan derechos, los litigios son previsibles; por tanto, si habrá pelea, Sun Tzu, Lenin y la jurisprudencia en el juicio de amparo son la bibliografía de cabecera.

Sun Tzu, por ejemplo, recomendaría no sólo fundar y motivar los actos de la CENACE, sino justificar que las medidas tomadas son proporcionales al riesgo que se enfrenta, si hubiese riesgo, y que son las más adecuadas para resolverlas.

No se hizo lo anterior. El Acuerdo de CENACE se compone de un amontonamiento de información y de afirmaciones no justificadas.

Lenin aconsejaría que para tomar el Palacio de Invierno hay que hacerlo con el menor número de bajas posibles.

No ha sido así.

La política ha comenzado por sacrificar a sus mejores tropas: el titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria es uno de los mejores expertos en la regulación de la industria eléctrica y se vio obligado a renunciar ante el despropósito.

El recuento de bajas seguirá con las suspensiones definitivas en los juicios de amparo y es altamente probable que las sentencias sean favorables a los generadores.

Es posible también que se activen los mecanismos internacionales de protección a las inversiones. México podría terminar pagando multimillonarias indemnizaciones. Se creará deuda que pagaremos los contribuyentes.

A diferencia de lo que dice el presidente, sí podrían configurarse como expropiación. Técnicamente se llaman medidas equivalentes o equiparables a expropiaciones.

El propio diseño del Acuerdo de CENACE contiene los ingredientes para, a la vez, procurar su autodestrucción.

No serán las buenas razones las que soporten la política.

A lo anterior se agrega la emisión del “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo.

El acto autoritario, al igual que el de CENACE, procura su ineficacia.

Por ejemplo, confunde y trastoca dos funciones públicas diversas: la función de emitir políticas con la función regulatoria o normativa. La “Política” no es política, sino una normativa que establece requisitos, trámites, emite instrucciones.

La Secretaría de Energía actúa más allá de sus competencias e invade competencias que corresponden a otros entes del Sistema.

Al establecer cargas a los particulares, debió pasar por el procedimiento de mejora regulatoria. Al eludirlo, infringe el debido proceso.

La Secretaría de Energía fue colocando minas en su propio camino.

Así mismo, a partir del diseño regulatorio de la reforma eléctrica “del periodo neoliberal”, transitó del potencial conflicto de interés a su materialización.

Abundo:

La reforma eléctrica diseñó un sistema en el cual la CFE como empresa del Estado debía actuar como un agente más en un mercado competido. Será a partir de su capacidad para competir, de su eficiencia, que tendría que ganarse un sitio y no de medidas proteccionistas. De ahí, CENACE y las autoridades sectoriales: la Secretaría de Energía deberían tratarla como una empresa más y ser neutrales y no discriminatorias.

O sea, el Estado comportándose como empresario que debería mejorar a su empresa.

Pero, se dieron tres “roles” (“cachuchas”, dicho coloquialmente) a quien fuese titular de la Secretaría de Energía: la presidencia del Consejo de Administración de CFE, la presidencia del órgano de Gobierno de CENACE y la titularidad de la SENER.

Esto es, quien preside a un “competidor”, preside también al “operador” del Sistema (que debe tratar no discriminatoriamente a los competidores) y, además, es titular de la autoridad que debe ser neutral hacia los gobernados.

El diseño es algo esquizofrénico, potencia el conflicto de interés y, en este caso, lo materializa.

Pues siendo, una misma persona quien desempeña roles diversos, pero teniendo en ellos distintas funciones institucionales que delimitan el debido ejercicio de la función, se convierten en vías para desplazar a los competidores de una empresa y protegerla de la competencia.

En la ruta de lograr mayores beneficios sociales para la empresa pública, no se orienta la política para volverla más competitiva, moderna, con alta tecnología y viendo al futuro de las energías limpias; sino a medidas proteccionistas. Una empresa capturada.

Un escenario donde todos terminamos perdiendo

Add comment

Aviso de privacidad

© Inteli-Iuris 2019 – Todos los derechos reservados