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Artículo publicado en Milenio, el día 10 de noviembre de 2021.

Una dimensión poco explorada del proyecto de reforma eléctrica es su diseño institucional. Los críticos han dicho que es un regreso al pasado. Me temo que se equivocan. Una lectura cuidadosa de la iniciativa revela un modelo sin precedentes que amerita reflexión.

En el diseño actual, tanto la transmisión y distribución de la energía eléctrica, como la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) están reservados al Estado. Una parte de estas funciones las ejerce a través de una “empresa productiva” que es la CFE. Ésta tiene un papel relevante en el mercado, pero está sujeta a diversos controles regulatorios y tarifarios que son responsabilidad de los órganos reguladores y de la Secretaría de Energía.

En el “nuevo” modelo las cosas cambiarían radicalmente. La electricidad y el SEN serían declarados “actividad estratégica”. Esto quiere decir que toda la cadena productiva de la electricidad, de la generación a la distribución y venta, quedarían reservadas al Estado. Estas funciones se ejercerían a través de un organismo público descentralizado, ya no una empresa productiva del Estado, que es la CFE. Hasta ahí las cosas parecen semejantes al régimen que tuvimos hasta antes de la reforma de 2014. La gran diferencia es que este nuevo organismo gozaría de autonomía constitucional. Si, ha leído usted bien. La iniciativa dice que la CFE “será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración”.

La autonomía constitucional implica que la CFE podrá decidir sobre un sinnúmero de cuestiones, sin estar sujeta a los controles regulatorios y administrativos que tiene el propio Poder Ejecutivo. Dicho en otras palabras, la CFE será, a la vez, un monopolio (único vendedor) y un monopsonio (único comprador), integrado vertical y horizontalmente, con competencia constitucional para regular el mercado, determinar las tarifas y ejecutar la transición energética, cuyo alcance e importancia es enorme. Además, se le otorga un régimen excepcional de contratación.

Ojalá los legisladores utilicen el tiempo extra que se han dado para reflexionar sobre lo que implica esta autonomía. Se vale cambiar el modelo, pero hay que tener claras las consecuencias. Y los monopolios nunca dan buenos resultados. Por lo demás, resulta paradójico que sea el presidente López Obrador, quien tanto ha cuestionado las autonomías constitucionales, quien proponga este auténtico Frankenstein que no admite control alguno.

Posdata: En esta columna he reiterado que debemos privilegiar el diálogo sobre la diatriba. Soberbia lección dejó el presidente del INE, Lorenzo Córdova, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados. Con argumentos, datos, templanza y respeto resistió el embate que lo descalificó y respondió con serenidad y dignidad. Que conste que es posible.

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