Fideicomisos: después del réquiem

Artículo publicado en el periódico Milenio, el día 28 de octubre del 2020.

 

La semana pasada concluyó el proceso legislativo para extinguir 109 fideicomisos públicos. Morena y sus aliados (salvo el PT) tuvieron los votos que necesitaban en el Senado, a pesar de los muchos argumentos expuestos por la oposición y diversos grupos sociales. Es un mandato que será difícil de implementar.

El primer problema es que los fideicomisos eran una herramienta que permitía el financiamiento de ciertas políticas públicas. Desaparecido el instrumento, cabe preguntarse qué sucederá con ellas o, por lo menos, cómo se financiarán. La respuesta del Presidente es que los “beneficiarios” seguirán recibiendo los recursos, pero lo cierto es que no todos los fideicomisos estaban diseñados para transferir recursos a “beneficiarios”.

Una parte de la respuesta tendría que venir en el Presupuesto 2021, pero difícilmente habrá recursos suficientes para financiar las necesidades hasta ahora soportadas por fideicomisos. Un ejemplo es la ciencia y la tecnología. Los fideicomisos del Conacyt sumaban unos 27 mil millones de pesos. ¿Recibirá este consejo una cantidad suficiente para poder atender las convocatorias que emitía año con año y que financiaban, entre otras cosas, la investigación científica?

Un segundo problema es que un fideicomiso es un contrato flexible, con cláusulas que admiten una gran cantidad de variables que deben ser tomadas en consideración para su liquidación (por ejemplo, montos invertidos, tipos de instrumentos, plazos de vencimiento, origen de los recursos y un largo etcétera). La extinción de cada fideicomiso supone una compleja labor jurídica, contable y financiera.

Además, el diseño del régimen transitorio que extingue los fideicomisos asume que resulta posible concentrar en la tesorería de la Federación la totalidad de los recursos públicos federales dentro de los 30 días siguientes a la publicación del decreto. Esto es más un buen deseo. Solo por ejemplificar, muchos de los recursos están invertidos o ya están comprometidos. Quizá por eso el propio decreto permite que la SHCP determine una fecha distinta.

Aquí entramos a un tercer problema. El decreto establece que los ingresos excedentes producto de la extinción del fideicomiso se destinarán con prioridad “para el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de salud”, especialmente los derivados de covid-19. Asumiendo que el plazo de 30 días es viable, los recursos se concentrarían en noviembre. ¿Cómo se pretende gastar estos recursos es menos de un mes?

La decisión de usar el machete tendrá graves secuelas. Desaparecer todos los fideicomisos fue una mala decisión. Y el Legislativo no pudo diseñar régimen transitorio que permitiera asegurar que no se afectarán los fines públicos legítimos. Ahora tendremos que atenernos a las consecuencias.

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