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Artículo publicado en Milenio, el día 14 de abril del 2021

Sergio López Ayllón y Javier Martín Reyes

El conflicto generado por la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán solo se entiende si recordamos las razones detrás del modelo de fiscalización.

Las reglas que hoy cuestiona Morena son, paradójicamente, producto de las demandas de López Obrador y su movimiento. En 2012, la coalición que lo postuló exigió que se anulara la elección presidencial bajo el argumento de que Enrique Peña Nieto había hecho trampa al rebasar el tope de gastos de campaña. El Tribunal Electoral aceptó que la elección podía anularse por esta razón, pero al mismo tiempo dijo que el documento idóneo para determinar si se había rebasado el máximo permitido era el dictamen final de fiscalización del IFE, que estuvo disponible varios meses después.

Estas legítimas demandas dieron origen a la reforma electoral de 2014, que centralizó la fiscalización de todas las campañas en el INE, aceleró los tiempos y endureció las sanciones. Contar con una fiscalización rápida y eficaz se convirtió en un imperativo constitucional. Solo así se entiende que, por ejemplo, hoy la Constitución señala que rebasar en un cinco por ciento el tope de gastos es motivo para anular una elección, o que la ley electoral sancione la presentación extemporánea de los informes de precampaña con la cancelación de registro.

Al retirar las candidaturas de Salgado, Morón y otros personajes, el INE aplicó la ley. Por su parte, el Tribunal Electoral estableció, de manera clara y contundente, que sí fueron precandidatos, que sí realizaron actos de precampaña y que sí estaban obligados a presentar informes de gastos, pero que no lo hicieron. Lo que ordenó al INE fue que volviera a determinar la sanción en función de la gravedad de la falta. Para ello, estableció criterios como la falta de voluntad de presentar los informes, los intentos por encubrir la violación a la ley y su impacto en la capacidad de fiscalizar los recursos.

Al momento de cerrar este artículo, el Consejo General del INE, en una apretada decisión de mayoría, confirmó la cancelación de las candidaturas. Creemos que esta decisión es congruente con los valores y principios que protege el modelo de fiscalización y el texto de la ley. Seguirá otra andanada de descalificaciones por parte de Morena y nuevas impugnaciones que dejarán, otra vez, la decisión definitiva en manos del Tribunal Electoral.

P.D. Con independencia de la decisión, las amenazas de Morena contra el INE preocupan e indignan. Parecen presagiar el triunfo de la fuerza sobre la razón. El encono contra dos consejeros, además de injustificado, pasa por alto que toda decisión del INE es producto de mayorías que representan una pluralidad de puntos de vista. En democracia no hay lugar para la violencia.

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