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El T-MEC y los trabajadores en México

Artículo publicado en Expansión, el día 19 de enero del 2021.

México está en el umbral de incumplir con las obligaciones laborales asumidas en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Pronto, Andrés Manuel López Obrador tendrá un quebradero de cabeza por retrasos importantes en la creación de tribunales locales, la libre afiliación y transparencia sindical, la defensa de los derechos de los trabajadores y el incremento de salarios.

Para el congreso norteamericano, México no ha cumplido. Durante el viaje del presidente a Washington para celebrar con Donald Trump la entrada en vigor del T-MEC, en una carta del 8 de julio de 2020 ocho congresistas demócratas expusieron “serias preocupaciones” sobre la corrupción sindical en México y el estancamiento de la reforma laboral del 1º de mayo de 2019.

En otra carta del 30 de octubre, el senador Ron Wyden, líder de la bancada demócrata en el Comité de Finanzas de la Cámara de Senadores, reclamó al presidente Trump la falta de acciones y sanciones en contra de México por violar las obligaciones laborales asumidas en el T-MEC —sin especificar cuáles—, no obstante los daños ocasionados a los trabajadores, productores y consumidores de los EE.UU.

Un reporte del 2 de noviembre de 2020 de los congresistas demócratas en el Ways and Means Committee de la Cámara de Representantes, calificó como inadecuados los esfuerzos de Donald Trump para implementar el T-MEC en materia laboral. En él se plantearon, además, “graves preocupaciones” por la demora en el monitoreo de trabajos forzados en la zona de libre comercio, la insuficiente aplicación de recursos públicos estadounidenses para apoyar las reformas legales y la tardanza en proteger los derechos de los trabajadores en México. Los congresistas denunciaron, con severidad, que los líderes sindicales y abogados que intentan ejercer estos derechos enfrentan violencia y detenciones.

El 15 de diciembre, un informe preliminar de la Junta Independiente de Expertos Laborales de México, creado exprofeso por el congreso de los EE.UU. para supervisar el cumplimento del T-MEC, expresó “serias preocupaciones” sobre la aplicación de la legislación vigente. El informe destacó la proliferación de contratos colectivos simulados, la demora en la creación de tribunales locales y el rezago estructural en los salarios —apenas el 10 % de los pagados en aquel país—. La Junta cuestionó la utilización abusiva e ilegal de la subcontratación laboral (outsourcing) como mecanismo para anular derechos de los trabajadores.

Los mensajes del congreso de los EE.UU. a AMLO son claros: México tiene que respetar los compromisos establecidos en el T-MEC. El gobierno mexicano no puede operar en la paradoja de tomar las ventajas del tratado para recibir mayores inversiones y crecer el empleo en su territorio, pero sin cumplir con las obligaciones contraídas específicamente en el ámbito laboral.

Para el gobierno de los EE.UU. el tema es prioritario. Desde las etapas iniciales de las negociaciones del T-MEC, se dijo que el anterior tratado de libre comercio —conocido como TLCAN— no niveló el terreno competitivo entre los tres países, debido, entre otros factores, a los bajos salarios en México, la corrupción sindical y la violación sistemática de derechos de los trabajadores. En palabras de Trump, el anterior tratado fue una pesadilla.

El  capítulo 23 del T-MEC regula en forma detallada la materia laboral. Fue firmado, en una primera versión, el 30 de noviembre de 2018. El senado mexicano y el parlamento canadiense lo ratificaron en junio de 2019. En el congreso americano, sin embargo, la aprobación se entrampó desde un inicio. Nancy Pelosi, líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, objetó el acuerdo porque las disposiciones resultaban insuficientes respecto de la libertad de afiliación y transparencia de los sindicatos, y la protección efectiva de los trabajadores.

Sin el respaldo del partido Demócrata, el tratado no habría salido adelante. Después de reabrir negociaciones, se modificaron diversos artículos y añadieron dos anexos que regulan un procedimiento expedito para que, en caso de violaciones al T-MEC, los EE.UU. y Canadá impongan tarifas o sanciones o, incluso, prohíban las importaciones de empresas mexicanas. El senado de México y el congreso norteamericano ratificaron el nuevo texto en diciembre de 2019, y el parlamento canadiense en marzo de 2020.

La importancia del asunto para el congreso de los EE.UU. se refleja en la autorización de un financiamiento de 210 millones de dólares y la adscripción de cinco inspectores americanos en su Embajada en México, para apuntalar los avances de la reforma laboral y fortalecer los derechos de los trabajadores. Sería inconveniente que el gobierno y las empresas mexicanas soslayaran estas señales.

La presión de los sindicatos norteamericanos, por violaciones al T-MEC, también crece. La semana pasada, Richard Trumka, líder de la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industrializadas (AFL-CIO), amenazó con iniciar rápidamente una disputa laboral contra México en cuanto Joe Biden asuma la presidencia.

El T-MEC presenta a México el reto de solucionar dos temas de especial complejidad. El primero es el salarial. En diciembre de 2020, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó un aumento del 15 %, todavía lejano a los estándares estadounidenses. La Coparmex se dolió de que la carga recaería sobre el sector empresarial, sin apoyo del gobierno federal. En la adversidad sanitaria y económica, será difícil que en el mediano plazo los salarios se emparejen con los EE.UU. y Canadá.

Un segundo tema crítico es la subcontratación laboral. De ser un esquema útil para potenciar la proveeduría de bienes y servicios a todo tipo de empresas —de manera destacada armadoras de autos, maquiladoras y desarrolladoras inmobiliarias—, en las últimas dos décadas se ha utilizado para transferir, mediante simulaciones, a los trabajadores a terceras empresas y así esfumar la relación de trabajo. Es un modelo de corrupción que se ubica, además, en otro apartado del T-MEC: el capítulo 27 sobre anticorrupción.

El llamado outsourcing negro es un latrocinio: no solo evade el Impuesto sobre la Renta de la nómina de los empleados, sino que anula prestaciones económicas como aguinaldos, primas vacacionales y reparto de utilidades. También priva a los trabajadores de servicios médicos y hospitalarios, y les despoja de la pensión por jubilación. El absurdo es que los gobiernos federal, estatales y municipales también se aprovechan de la subcontratación laboral.

El outsourcing ilegal es una práctica pseudoempresarial que ha depauperado a los trabajadores. La situación podría calificarse como “trabajos forzados”, conforme a la Organización Internacional del Trabajo. La legislación de los EE.UU. prohíbe y sanciona con cárcel la importación de bienes de países en los que se realicen esas labores, al mismo nivel que el tráfico de personas y el trabajo infantil. Como era de esperarse, el T-MEC los proscribe.

En noviembre de 2020, el presidente López Obrador presentó una iniciativa para prohibir la subcontratación laboral, incluyendo la lícita, y para penalizar a la ilícita como delincuencia organizada. Dentro de una gran polémica nacional, la aprobación sigue pendiente en el congreso federal.

En el corto plazo, la trama comercial para México es compleja.  En su contra, está la tensión diplomática con Joe Biden y el control de ambas cámaras legislativas por el partido Demócrata. A favor se encuentran las habilidades de diálogo y negociación de Tatiana Clouthier. El suspense para AMLO está por iniciar.

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