El Presidente, el ministro y la transparencia

En octubre del año pasado, Eduardo Medina Mora presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En unos cuantos días el Presidente la aceptó y la envío al Senado, quien, sin mayor discusión, la aprobó. Fin de una historia llena de recovecos, pensamos muchos. Pero la semana pasada el asunto resucitó.

Un inquieto ciudadano decidió ejercer su derecho de acceso a la información y solicitó a la Oficina de la Presidencia cualquier documento que mencionara las causas graves que, en términos del artículo 98 de la Constitución, justificaran la renuncia del ministro. La oficina en cuestión respondió que en sus archivos no localizó “evidencia documental” alguna que diera respuesta a la solicitud.

Inconforme con el resultado obtenido, nuestro tesonero ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el INAI. Este órgano resolvió por unanimidad que existían elementos suficientes para presumir que la información existía (entre otros las declaraciones del propio AMLO) y en consecuencia ordenó que el documento se entregara.

En la mañanera del 13 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “se va a dar a conocer todo”. Al día siguiente se hizo pública la misma carta que ya se conocía. Un escueto texto donde el entonces ministro pide que se acepte la renuncia. Nada más.
Este asunto nos deja varias lecciones. La salida de un ministro no es cualquier renuncia. Por ello, la Constitución establece una condición y dos decisiones. Deben existir “causas graves”, mismas que deben ser valoradas primero por el Presidente de la República, quien las acepta, y después por el Senado, quien las aprueba. Resulta obvio que para que la condición se cumpla las causas graves se deben conocer.

Además, el artículo 6 constitucional establece que los funcionaros públicos deben “documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”. Gobernar no es solo decidir. Implica también documentar, informar y explicar.

Las reglas constitucionales buscan resolver la tensión entre política y derechos. El caso que comentamos genera malestar por donde se vea. Se vulneró a la Suprema Corte, se desatendieron obligaciones constitucionales, y se generó un abismo entre la declaración del Presidente de “hacer la vida pública más pública” y la práctica donde la decisión política prevalece sobre la razón constitucional.

Queda, sin embargo, algo positivo: que los ciudadanos ejercen sus derechos y las instituciones los garantizan. Al final del día, es tarea de todos construir una gobernanza democrática por las vías institucionales.

Nota: no escapa a mi atención el conjunto de posibles iniciativas en materia de justicia penal. En conjunto, el “paquete legislativo” que circuló en redes muestra una clara intención de revertir lo poco que se había alcanzado en esta materia. Volver a lo que ya sabemos que no funciona. Hay propuestas simplemente inaceptables. Pero mientras no haya iniciativas, es difícil analizar sin especular. Esperaremos preocupados.

Artículo publicado en el periódico Milenio el 22 de enero de 2020.

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