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Donald Trump, ¿de la Casa Blanca a prisión?

Los tribunales son la cancha natural de Donald Trump. Su beligerancia la ha forjado en más de cuatro mil juicios en los que ha participado. Ya como presidente de EE.UU., se ha involucrado en numerosos casos, el más mediático la demanda de la actriz porno Stormy Daniels para anular un contrato de confidencialidad que le impedía divulgar detalles sobre una relación afectiva entre ellos y por el que recibió un pago de 130 mil dólares.

De esta lista, Trump tiene varios asuntos penales que podrían detonarse a partir del 20 de enero cuando se sume a la bancada de los expresidentes. Uno de ellos es el juicio federal derivado de la investigación conducida por el Fiscal Especial Robert Muller, por favorecer la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, mentir en las investigaciones del Departamento de Justicia y obstruirlas, incluida su petición de destituir al propio fiscal.

Las conclusiones a las que llegó Robert Muller confirmaron que el mandatario había actuado ilegalmente; sin embargo, de acuerdo con las guías del Departamento de Justicia, un presidente en funciones no puede ser llevado ante los tribunales. No obstante, ese informe dio pauta a un juicio político iniciado por la Cámara de Representantes. La Cámara de Senadores recibió la acusación formal y al final exoneró a Trump, aunque solo para el propósito de ese juicio. De la investigación de Muller se derivaron 14 investigaciones adicionales, que se iniciaron y siguen vigentes, en contra de allegados en la Casa Blanca y algunos de sus familiares. Otra ristra de acusaciones se deriva de la mezcla ilegal de sus negocios particulares con sus funciones gubernamentales.

Ahí no terminan los problemas de Trump. A lo anterior se suman un buen número de investigaciones penales en Manhattan y los estados de Nueva York y Nueva Jersey. Las acusaciones van desde la alteración de registros contables en sus empresas y financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2016 —relacionado con el caso de Stormy Daniels—, hasta fraude inmobiliario, bancario y de seguros, así como evasión fiscal. Otras causas tienen que ver con su conducta inapropiada y acoso sexual en contra de varias mujeres.

El congreso norteamericano ha iniciado otra serie de investigaciones por posible fraude fiscal federal. Igual que en el caso de Manhattan, una parte importante de las pruebas consisten en las declaraciones de impuestos de Trump de los últimos años y la respectiva información bancaria que él se ha negado a entregar. Las demandas llegaron hasta la Corte Suprema de EE.UU., donde en una reciente votación de 7 a favor y 2 en contra se determinó que los requerimientos son válidos y, por lo tanto, el presidente debe proporcionar la información solicitada.

En lo que hace a los juicios federales, se argumenta que un presidente es el primer obligado a cumplir con las leyes y que, por lo tanto, no acusarlo ante los tribunales implicaría dotarlo de impunidad, y favorecería que, en el futuro, otros presidentes actuasen también ilegalmente. En varias ocasiones, Joe Biden ha señalado que las diferencias políticas no pueden dirimirse ante la justicia penal, lo que es un claro indicativo de que su política excluirá la persecución judicial de Donald Trump.

Por el contrario, hay quienes opinan que el actual presidente no debe ser encarcelado. Consideran que los perjuicios políticos serían mayores que los beneficios jurídicos. Enfatizan el hecho de que, después de Biden, Trump es el candidato presidencial más votado en la historia, con casi 75 millones de votos. Proceder legalmente en su contra agravaría la división social y política entre los norteamericanos. Quienes opinan de este modo señalan, además, que las pruebas en su contra no son determinantes ni, por lo tanto, destruyen la presunción de inocencia en su favor.

Lo anterior, hay que aclarar, no excluye que otros funcionarios de la administración que está por concluir, de mediano y alto perfil, terminen en prisión. Esta situación ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Trump conceda indultos a sus allegados —como los 20 recientemente otorgados—, y, en un esquema polémico e insólito, se indulte a sí mismo.

En la vertiente local, la situación es diferente, sobre todo en los casos de Manhattan y Nueva York. La advertencia de Joe Biden, la situación política y social prevaleciente en EE.UU., y los posibles perdones presidenciales no tienen cabida. En Manhattan, por ejemplo, el fiscal Cyrus Vance está empeñado en proseguir con las acciones penales hasta su conclusión. De continuar, es indudable que Trump tendrá un quebradero de cabeza por delante.

Los resultados de los juicios se darán a mediano plazo, es decir, no antes de tres o cuatro años. Con independencia de ello, lo cierto es que Trump necesitará una millonada de dólares para defenderse. Después del 20 de enero, el futuro expresidente regresará a su cancha natural de juego.

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