Derecho y 4T: una relación difícil

Artículo publicado en el periódico Milenio el día 5 de agosto del 2020.

SERGIO LÓPEZ AYLLÓN SAÚL LÓPEZ NORIEGA Investigadores del Cide

 

La nueva mayoría en el poder, en respuesta a la voluntad popular expresada en las urnas en 2018, busca un cambio de régimen que corte de raíz los pilares del sistema neoliberal. Esta transformación, sin embargo, por no plantearse en un contexto de ruptura revolucionaria, requiere de instrumentos propios del derecho. Lo interesante entonces es su entendimiento de la “nueva legalidad” cuyos contornos, aún difusos, intentaremos delinear.

La primera nota que sorprende es un uso intensivo del derecho. Aunque el Presidente prometió en un primer momento no tocar la Constitución, el ritmo de reformas es muy alto (28 artículos modificados a la fecha). Los cambios responden a temas puntuales, y ciertamente no se han tocado los cimientos de la arquitectura constitucional. Sin embargo, los elementos que se han modificado —educación, guardia nacional, prisión preventiva oficiosa, extinción de dominio, revocación de mandato— comienzan a delinear un régimen distinto. Los mismo puede decirse del número de leyes nuevas o reformadas.

Otro rasgo es la conducta del gobierno cuando ciertas reformas legales o constitucionales no resultan viables por una variedad de razones. En tales casos, lo que hemos visto en estos meses es el modelo propio del legislador carismático: el gobierno por decreto, que ignora los límites formales de la legalidad para hacer de la voluntad presidencial el instrumento del cambio. Los casos más patentes se encuentran en materia energética, medidas de austeridad, uso de la fuerzas armadas y proyectos de infraestructura, entre otros.

Estas medidas generan reacciones. En efecto, el corazón de la arquitectura del sistema jurídico democrático es limitar el ejercicio del poder. Por ello los mecanismos de defensa de la legalidad se activaron, los litigios se multiplican, y se pone una fuerte presión en los poderes judiciales, en particular en la Suprema Corte. Así, la suerte de las principales reformas constitucionales y legales del gobierno de López Obrador, que buscan precisamente establecer un nuevo régimen, dependen de los once ministros que integran al máximo tribunal del país.

En conjunto, y más allá de las particularidades de cada una de las demandas, la pregunta clave que tendrá que contestar la Suprema Corte es cómo resolver la tensión entre cambio y legalidad; entre fondo y respeto a la división de poderes y la jerarquía normativa. Esto es así porque buena parte de estos litigios ni siquiera cuestionan la pertinencia de las nuevas políticas públicas. Su alegato es más sencillo, pero apunta al corazón de la contradicción entre la visión de la nueva mayoría en el poder y el derecho en clave constitucional y democrática: los cambios posibles requieren el respeto integral a la legalidad, única vía para para evitar la concentración y abuso de poder.


Consejeros para la democracia

Artículo publicado en el periódico Milenio el día 22 de julio del 2020.

 

La Cámara de Diputados debe nombrar hoy a cuatro consejeros del INE. De estas designaciones depende la organización y confiabilidad de las elecciones de 2021. El dilema es claro: los legisladores podrán optar por la responsabilidad democrática o por la voracidad partidista. Por el bien de todos, debe imponerse la primera.

Por buenas razones, la Constitución establece un procedimiento complejo que busca garantizar la imparcialidad de los consejeros, la generación de consensos y la oportuna integración del Consejo General. La pieza clave de este engranaje es el Comité Técnico de Evaluación, un órgano apartidista encargado de evaluar a los candidatos, seleccionar perfiles idóneos e integrar las quintetas que deben votar los diputados por dos terceras partes. Si la votación no se realiza o si no se logra la mayoría, la Cámara de Diputados —o, en su defecto, la SCJN— debe realizar un sorteo.

El actual proceso de designación comenzó con el pie derecho. Se integró un comité de evaluación plural, con personas de altísimo nivel y con una clara vocación republicana, pues no olvidemos que se trata de un cargo honorífico. La Jucopo emitió un buen acuerdo que detalló etapas y requisitos. El comité buscó en todo el momento el consenso y logró el acuerdo unánime para nueve candidatos y ocho candidatas. Acordó, también por unanimidad, recurrir a la votación para elegir a quienes no tuvieran consenso.

El primer tropiezo sucedió cuando, en el último momento, un integrante del comité no aceptó el resultado de una votación y encendió una mecha que pretende calcinar un procedimiento en cuya construcción participó.

Lo que resultó más sorprendente —y alarmante— fue la aparición de un desplegado firmado por 97 diputados de Morena y PT en el que, sin argumento alguno, afirman que en las quintetas “fueron insertadas personas mayoritariamente identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación”. Peor aún, explícitamente exigen invalidar el proceso de designación y emplear su mayoría “en aras de depurar y enderezar al INE”. Los diputados firmantes piden, en una nuez, romper el orden constitucional para cooptar al árbitro electoral.

La democracia presupone la existencia de reglas y autoridades electorales confiables. Los diputados deben respetar las reglas constitucionales y optar por perfiles que sean aceptables para todas las fuerzas políticas. Ojalá no olviden que, como escribió Ana Laura Magaloni, “la gobernabilidad se asienta en la imparcialidad de los árbitros que resuelven conflictos propios de una sociedad plural”.

Es cierto que la democracia mexicana ha incumplido sus promesas. Muchos queremos una transformación radical para tener una sociedad más justa y equitativa. Pero esta transformación debe ser democrática, o no lo será.


¿Tiene el presidente libertad de expresión?

Artículo publicado en el periódico Milenio el día 8 de julio del 2020.

SERGIO LÓPEZ AYLLÓN, Director e investigador del Cide

ISSA LUNA PLA, Investigadora de la UNAM

 

Pocos derechos son tan fundamentales para la democracia como la libertad de expresión. Paradójicamente, pocos enfrentan tantos cambios y amenazas.

La lista de agravios es larga: el terrible silencio de los periodistas asesinados; la autocensura de los sobrevivientes; el ataque o las amenazas a los medios de comunicación; los intentos, desde el gobierno, de controlar a los medios; o las demandas de “daño moral” contra voces críticas que osan cuestionar al poder.

Junto con lo anterior, han surgido nuevos fenómenos y prácticas. El diálogo informado se degrada, la crítica se banaliza y desprecia, y se incide en el espacio público para polarizar ideas y sentimientos. Uno de los problemas más visibles es el lugar dominante que ocupa el discurso presidencial.

Con frecuencia inusitada, el presidente de México ha utilizado su posición de poder para descalificar en las conferencias “mañaneras” a medios, periodistas y líderes de opinión. Se ha dicho que ejerce su “derecho de réplica”, que se trata de un “diálogo circular” o del ejercicio del “derecho a la información”. Todos estos argumentos son falaces. El presidente, cuando habla desde Palacio Nacional, lo hace con toda la investidura presidencial, y se olvida que, por su condición de autoridad, no ejerce la libertad de expresión, sino que cumple con su deber de informar.

Pero ese discurso público tiene consecuencias. La primera es un efecto inhibitorio equiparable a la censura. Cierto, no constituye una acción que limite directamente la libertad de expresión. Pero, de manera indirecta, genera que los destinatarios moderen o eliminen la crítica, por temor a las potenciales represalias, o por resentir el efecto de las “mañaneras” en las redes sociales artificialmente orientadas.

En efecto, existe evidencia de que desde el gobierno se orquestan acciones en redes sociales en torno a temas específicos que inhiben y dividen los mensajes alrededor de una idea hasta aniquilarla virtualmente. Esta estrategia, lejos de promover la tolerancia y el respeto propio de la democracia, genera potencialmente violencia. Esta es la segunda consecuencia que preocupa. Un discurso que polariza, intimida y estigmatiza se asemeja, por sus características y efectos, al discurso de odio.

Los límites al discurso desde el poder son una pieza faltante en la construcción constitucional de la libertad de expresión. Un poder que renuncia a su obligación de protegerla y que se apropia del discurso público, amenaza la libertad y la democracia misma. Urge una reflexión profunda que revitalice el sentido de esta libertad en tiempos de redes y presidencialismo, así como sus mecanismos de defensa y límites, si es que queremos preservar el derecho de expresar, con libertad, la disidencia.

 


La presidenta y la controversia constitucional

Artículo publicado en el periódico Milenio el día 24 d junio del 2020.

 

El viernes pasado, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, interpuso una controversia constitucional contra el acuerdo mediante el cual el presidente López Obrador dispuso del uso de la fuerza armada permanente para tareas de seguridad pública. En su momento escribí, junto con otros colegas, por qué consideramos que ese acuerdo violenta el orden constitucional (bit.ly/2BuSolJ). Esta controversia —que generará un debate intenso en varios frentes— me parece un asunto crucial que merece atención.

En un primer momento, parecía muy difícil que se activaran los mecanismos de control de constitucionalidad. La vía de la acción de inconstitucionalidad presentaba problemas técnicos (no se trataba de una ley federal) y requería 33 por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados o del Senado. Los números de la oposición no alcanzaban. Por el otro, para presentar una controversia constitucional era necesario alegar que, con el acuerdo, el Ejecutivo invadió las competencias del Poder Legislativo.

¿Qué sucedió? La respuesta es sencilla. La presidenta Rojas ejerció una facultad que le confiere el artículo 233, párrafo 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados que, inequívocamente, le permite presentar por sí misma una demanda de controversia constitucional “en uso de la representación originaria que ostenta”. Contrario a diversas expresiones de legisladores de Morena, la acción de la presidencia es legal y legítima, y simplemente solicita que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad del acuerdo. Es una vía institucional para garantizar el orden constitucional y el ámbito competencial del Congreso.

Sustantivamente, la controversia es un documento bien construido y argumentado. Desarrolla tres conceptos de violación puntuales: el acuerdo 1) viola el principio de división de poderes en conexión con la reserva de ley, 2) está indebidamente fundado y motivado y 3) hace un uso excesivo de la competencia conferida al Ejecutivo.

La pregunta constitucional central es determinar cuál es la naturaleza y alcance de la facultad del Presidente de usar al Ejército y la Armada en tareas de seguridad pública. ¿Puede el Ejecutivo gobernar por acuerdo y como sea su voluntad? ¿O debe estar sujeto a los límites y parámetros que establece la Constitución? La Corte decidirá sobre esta delicada cuestión.

Nota: Dos hechos obligan a un pronunciamiento contundente. El asesinato de un juez federal y su esposa en Colima es inaceptable y debe ser aclarado por sus consecuencias. Mis condolencias y solidaridad con la familia de las víctimas y con todo el Poder Judicial. También es preocupante el evento Conapred y sus secuelas. Más allá de los hechos, lo que está en juego es la defensa de las instituciones que garantizan nuestros derechos y libertades. Por eso importa.


Seminario en línea "¿A dónde va el litigio?"

Seminario en línea con la participación de Luisa Conesa, Xavier Cortina, Manuel Fuentes Muñiz y la coordinación de Sergio López Ayllón.

¿Cuál ha sido el impacto de la suspensión de las actividades jurisdiccionales?

¿han surgido nuevos tipos de litigio como resultado de la pandemia?

Acompáñanos a revisar sobre estos y otros temas.

 


Webinario "Decretos en materia energética"

Seminario en línea con la participación de la Mtra. Cristina Massa, el Mtro. Gabino González Santos, el Dr. José Roldán Xopa y moderado por el Dr. Sergio López Ayllón.

... Nos comentan de los escenarios litigiosos.

... del mercado eléctrico y sus cortos circuitos

... del nacionalismo económico y sus auto sabotajes

 


¿Y si no hay elecciones?

Artículo publicado en el periódico Milenio el día 10 de junio del 2020.

 

La pandemia del covid-19 ha puesto en jaque el funcionamiento de las instituciones democráticas y de sus necesarios contrapesos. Pienso en congresos y poderes judiciales paralizados o mal equipados para reaccionar ante el desafío. Más allá, nuestra democracia enfrentará retos inéditos sobre los que conviene reflexionar desde ahora.

Dentro de un año debe tener lugar la elección más grande de nuestra historia. Además de elegir una nueva integración de la Cámara de Diputados, se renovarán a 15 gubernaturas, 30 congresos estatales, mil 900 ayuntamientos y 16 alcaldías. Más de 95 millones de mexicanos serán llamados a las urnas y se deberán instalar unas 166 casillas en todo el territorio.

Para organizar esta impresionante logística, contamos un sistema electoral: 1) con reglas muy complejas, construidas con base en la desconfianza mutua entre los actores políticos y 2) que requiere el contacto directo entre las personas. Obtener la credencial de elector, seleccionar y capacitar a los millones de funcionarios electorales, desplegar campañas electorales, votar y después de contar los votos son tareas altamente reguladas que requieren necesariamente de la presencia física simultánea de muchas personas.

Organizar estas elecciones en 2021 en medio de una pandemia es un reto mayor que requerirá flexibilidad en un sistema que no está diseñado para ello. Casi con certeza, no contaremos con una vacuna (con suerte, con algún tratamiento efectivo). El problema no es teórico. El INE tuvo ya que posponer las elecciones en Coahuila e Hidalgo de este año.

Por si esto fuera poco, el Consejo General del INE está incompleto. El proceso de selección se suspendió por la crisis sanitaria. Y aún suponiendo que el Comité de Selección reanude su tarea y acabe pronto, todavía se requiere de la votación presencial de las y los diputados. Varias decisiones del INE requieren de una mayoría de ocho votos. Hoy solo hay siete. Súmele a ello que hay varios potenciales nuevos partidos potenciales, que el reloj sigue corriendo y que en un sistema tan litigioso como el nuestro, las decisiones siempre pueden ser impugnadas (y revocadas).

El INE enfrenta tiempos críticos. Vulnerado institucionalmente y vituperado desde el poder tendrá que hacer decisiones muy complejas que aseguren la celebración de elecciones en condiciones extremas. Los partidos políticos, por su parte, deberían mostrar altura de miras en su condición de instituciones de interés público y, por una vez, ver más allá de sus intereses. ¿Cómo generar certeza en el tiempo de la incertidumbre? Ese es el reto del INE. Lo que está en riego es mucho. En las elecciones del próximo nos jugamos el carácter democrático del Estado mexicano. Más vale que así lo entendamos.


El poder del Poder Judicial

Artículo publicado en el periódico Milenio el día 27 de mayo del 2020.

 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó El poder del Poder Judicial y la modernización jurídica en el México contemporáneo, de Héctor Fix Fierro (bit.ly/2A6ciTo). El libro recoge más de dos décadas de investigación sobre la reforma judicial y la política jurídica del país. Importa porque permite entender el momento que estamos viviendo.

El presidente López Obrador ha reiterado que su llegada al poder implicó un “cambio de régimen”. Fix advierte, con rigor, que resulta prematuro delinear el nuevo modelo y lo que significará para el país en la perspectiva de su trayectoria histórica. Pero postula que asistimos a “la conclusión de un periodo de intensa modernización” de la vida nacional.

Esta es una de las ideas claves del libro. Fix hace una relectura del papel del Poder Judicial, de la Suprema Corte y del juicio de amparo a partir de lo que identifica como los tres ciclos modernizadores del derecho en nuestro país: el Porfiriato (1876- 1911), la Posrevolución (1917-1945) y el último —identificado con el neoliberalismo— que inició en 1982 y concluye en 2019. Es en este último periodo que, no sin importantes contradicciones, “el orden jurídico y la legalidad empiezan a asumir una función diferente y mucho más central en la gobernanza de la sociedad mexicana”.

Para Fix, este último periodo constituye una auténtica “transición jurídica”, enmarcada en la sociedad global, que generó un cambio en el papel de las instituciones y de la cultura jurídica. En particular, explora las principales condiciones y factores del desempeño de las instituciones judiciales durante el siglo XX y XXI. Encuentra un panorama de claroscuros que se aleja de las interpretaciones fáciles —un Poder Judicial meramente subordinado al Ejecutivo— y muestra la complejidad de las relaciones entre derecho y política, entre instituciones y cultura.

El autor advierte que la transición jurídica quedó incompleta, no solo en el plano institucional, sino en el aliento más profundo de la cultura jurídica. Así, “se abre la interrogante de si la evolución cultural que aparentemente se ha alcanzado hasta el momento en verdad ha penetrado en las capas profundas de la estructura social o si, por el contrario, su difusión ha sido más bien epidérmica, lo que deja entrever la posibilidad de que algunas reformas pudieran modificarse o revertirse con alguna facilidad”.

Por su riqueza analítica, metodológica, teórica e histórica. Por estar cimentado en una profunda vocación científica que busca críticamente explicaciones plausibles menos que verdades dogmáticas. Y por ser una obra que invita a la reflexión sobre la sociedad que queremos construir, este libro es una lectura indispensable para quienes, en estos momentos de desconcierto, les importa el Estado democrático de derecho.


Del “bonillazo” al “decretazo”

Artículo publicado en el periódico Milenio el día 13 de mayo del 2020.

En coparticipación de Sergio López Ayllón y Javier Martín R.

 

El lunes fue un día de claroscuros. La Suprema Corte de Justicia invalidó la ley Bonilla. La suerte del caso era jurídicamente predecible. La Corte ya había dicho que la ampliación de los mandatos electorales viola principios constitucionales. Y esto fue lo que hizo el Congreso de Baja California: extender el mandato del gobernador de dos a cinco años después de que los ciudadanos votaron.

Hay que reconocer la contundencia y claridad de la Corte. El proyecto del ministro Franco fue preciso en los resolutivos. La decisión fue unánime y bastó poco más de una hora para despachar el asunto. El ministro presidente Zaldívar lo sintetizó así: “Un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático”.

Dada la magnitud y gravedad de las violaciones, sorprende y preocupa que el asunto haya llegado tan lejos. El largo camino del “bonillazo” por las instancias legislativas y judiciales deja muy mal parado al congreso local y a toda la justicia electoral. Los eslabones previos del sistema de pesos y contrapesos fueron incapaces de frenar un atropello evidente a la democracia.

El mismo día que la Corte defendió la Constitución, se publicó un acuerdo mediante el cual el presidente ordenó la participación de marinos y militares en tareas que corresponden a las policías y la guardia nacional.

Se trata, hay que decirlo, de una decisión que no es completamente ajena al orden constitucional. Aunque el artículo 129 de la Constitución establece que en tiempos de paz “ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, lo cierto es que un artículo transitorio de la reforma de 2019 que dio vida a la Guardia Nacional facultó al presidente para disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública durante cinco años.

Pero la Constitución señala que esta intervención debe ser “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. Estos cinco parámetros reproducen los estándares obligatorios que fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México (2018).

Aquí surgen los problemas. El acuerdo presidencial no justifica el carácter excepcional, temporal y estrictamente necesario de la intervención, ni subordina las labores de las Fuerzas Armadas a las corporaciones civiles, ni establece mecanismos de fiscalización independientes. Por estas y otras razones su constitucionalidad es dudosa –por decirlo amablemente.

El acuerdo nos deja en el peor de los mundos: con más militarización, sin un marco jurídico claro para las fuerzas armadas y cada vez más lejos de una ruta de salida. Nos recuerda, además, las grandes tensiones que atraviesa el estado constitucional en México. Preocupémonos.