La enfermería, una asignatura pendiente

Artículo publicado en el periódico El universal el día 11 de agosto del 2020.

 

La crisis generada por Covid-19 ha puesto al descubierto descuidos y omisiones de distinta naturaleza. Algunos de larga data, otras más recientes. Para nadie es una novedad el saber de las ausencias y malas prácticas en diversos sectores de la salud. En los últimos meses nos hemos enterado de la falta tanto de insumos como de entrenamientos y capacitaciones. Sin embargo, otros asuntos igualmente complejos han quedado sin atención.

En las leyes de profesiones vigentes en las entidades federativas de nuestro país, se dispone que para el ejercicio de la enfermería se requiere de título. Para obtenerlo deben cursarse diversos años de estudio conforme a los correspondientes planes y programas. Ni en la Ley General de Salud ni en su Reglamento en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica existen mayores determinaciones acerca del ejercicio de la enfermería. Éste se encuentra desarrollado de manera genérica en la “Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud”. Esta disposición remite, a su vez, al contenido de otras 32 normas oficiales en las que se especifica lo que el personal de enfermería debe realizar en materias como hemodiálisis, planificación familiar, prevención y control de la tuberculosis, anestesiología, prevención y control de la infección por virus de inmunodeficiencia humana o tratamiento y control de la diabetes mellitus, entre muchas más.

La enfermería, al igual que otras profesiones, requiere diversos niveles de estudio y especialidad. Su práctica puede ir desde la prestación de un servicio aparentemente simple, hasta la realización de funciones enormemente complejas. Sin su presencia, el paciente quedaría en un estado de precariedad, y los demás profesionales de la salud, incluidos los médicos, sin la posibilidad de desarrollar su ciencia.

A pesar de su importancia, el trabajo realizado por el personal de enfermería de nuestro país, predominantemente femenino, lleva años sin ser reconocido. El número de personas incorporadas a esa actividad es claramente deficitario respecto a las necesidades anteriores y durante la epidemia de Covid-19. Los salarios percibidos por sus practicantes no corresponden con sus cargas profesionales y emocionales. Los programas para su capacitación y apoyo no suelen estar actualizados ni ser generosos. Todo ello parece tener como origen común la falta de valoración social a la actividad y a quienes desempeñan la enfermería.

A diferencia de lo que sucede en países con sistemas de salud más robustos que el nuestro, la enfermería mexicana suele ser vista con desdén. Desconozco las raíces de esta visión, pero es evidente que, a pesar de su carácter profesional o técnico, ni la actividad ni su práctica se entienden relevantes. Tal vez sea porque equivocadamente se asume que lo único importante en el proceso de prevención de la enfermedad y recuperación de la salud descansa en la medicina en sí misma, sin que ello implique el conjunto de factores, precisamente por ello llamados auxiliares, que la posibilitan.

Por diversas razones, afortunadamente ninguna de ellas trágica, desde hace algún tiempo he tenido la oportunidad de conversar con personas dedicadas a la enfermería. He sabido, por su propio relato, de las dificultades profesionales y personales por las que pasan quienes atienden Covid-19 y otras enfermedades de nuestra población. De las agresiones que han sufrido. De la falta de apoyo en las complejas condiciones en las que laboran. Del poco reconocimiento que las autoridades sanitarias y la sociedad les hemos dado.

Espero que muchas personas e instituciones seamos capaces de visibilizar la situación de la enfermería mexicana en tiempos de pandemia y de no pandemia. Me temo que al profundizar en ella iremos encontrando casos de discriminación, acoso sexual y laboral, malos salarios y otros temas que debiéramos erradicar, desde luego para toda la población, pero también para aquella que, tan olvidada, tanto apoya a la población que ha perdido la salud y busca recuperarla. Nada más, pero nada menos.


Quién es qué

Artículo publicado en la revista Gatopardo el día 31 de julio del 2020.

 

En la colaboración anterior hablamos del modo como el derecho construye realidad al imponer nombres –y con ello consecuencias— a personas y a cosas. En esta ocasión voy a referirme a una función que, estimo, es igualmente significativa. El conjunto de normas y prácticas jurídicas existentes en cada momento constituye a las personas que de diversas maneras crean a unas y a otras. A prácticamente todos los componentes individuales y colectivos de cada sociedad en particular. Lo que el derecho hace, de un modo no siempre evidente, es personificar, dar vida a los sujetos que, desde luego, participarán en el mundo jurídico, pero con base en ello y en ocasiones más allá del derecho, y que tendrán existencia social de una determinada manera.

La personificación llevada a cabo por el derecho es una constante de él y, con él, de la historia de la humanidad. En abstracto, la misma se despliega en varios pasos. Primero, en el hecho mismo de nombrar, sea esto como representación de lo que socialmente ya acontece o como medio para imponer un determinado estado de cosas. Segundo, determinando lo que esa persona es para el derecho, ello mediante la asignación –o negación— de atributos. Tercero, estableciendo la manera en la que los atributos podrán ser desplegados –o no— por la persona y las formas en las que los demás podrán vincularse con ellas. Finalmente, precisando las consecuencias que el actuar o el omitir traerán aparejadas. Ahora, consideremos cada uno de esos aspectos con más detalles.

Por obvio que parezca, no todas las sociedades han constituido a las mismas personas. En el pasado y más allá de lo que hoy nos pueda significar la expresión, era común hablar de imbéciles o estúpidos no como forma de insulto –que también lo era—, sino como un calificativo que servía para identificar a quien era considerado débil o incapaz mental. El sujeto “imbécil” estaba personificado de esa manera, lo cual generaba efectos jurídicos y sociales. Conforme a usos que hoy nos resultan inaceptables, el individuo podía ser tratado de ciertas maneras no solo en términos jurídicos –no disponibilidad de sus propios bienes o no posibilidad de decidir—, sino en las formas de trato social, comúnmente ligadas con el desprecio o la distancia.

Al personificar a alguien de un determinado modo mediante normas generales, las posibilidades normativas del sujeto quedaban fijadas de un modo intrínseco. A la mujer, por ejemplo, se le consideró durante muchos siglos como una mera extensión del hombre. Primero de su padre y luego de su marido y, en algunas comunidades, incluso de los hijos varones en caso de viudez. En esos tiempos, la sola mención de la persona como “mujer” implicaba la condición disminuida, no como mera evocación, sino como una realidad constante, por ejemplo: el no poder vender un bien heredado de sus padres sin los consentimientos indicados, o el no poderse casar sin los permisos requeridos.

Además de la denominación y las posibilidades, la personificación suele traer consigo las consecuencias de los acatamientos y los desconocimientos. Jurídicamente hablando, negociar con un esclavo y no con su dueño, implicaba la nulidad de la operación y, tal vez como medio coactivo para evitar tales operaciones, la pérdida de la cosa o de la libertad. Pero más allá de la consecuencia jurídica, la negociación ilícita solía implicar el desprecio social indeterminado y constante, expresado en la forma “amigo de esclavos” u otra semejante que denotara el repudio hacia la persona –nueva personificación— por su actuar.

Una de las ventajas de comenzar hablando en términos históricos de la personificación, es que existen vestigios en la literatura, el cine o las actuales prácticas sociales, los cuales nos permiten comprender de buena manera lo que aconteció y, en mis ejemplos, lo repudiable de las situaciones entonces vividas. Hablar de mujeres o esclavos para recordar las odiosas prácticas a que estuvieron sometidas, nos hace comprender pronto el significado de las personificaciones correspondientes. Con estas referencias, paso a considerar lo que actualmente sucede. Las situaciones que por estarse desplegando ante nuestros ojos cotidianamente, no son menos asequibles.

Si damos una mirada rápida sobre lo que suele llamarse el orden jurídico actual de cualquier país, encontraremos un amplísimo despliegue de personas. Identificaremos compradores, vendedores, padres o madres de familia, hijos, jueces, sentenciados, presos, discapacitados, ancianos, niños, sociedades anónimas, bancos, la Ciudad de México, el ayuntamiento de Tepoztlán, la Federación Mexicana de Futbol o la de Judo, entre otras muchas posibilidades. ¿Qué es lo común a todas ellas? Que el orden jurídico les concede existencia para ser sujetos de derechos, obligaciones o facultades o, lo que aquí es igual, para participar en la creación o aplicación de normas jurídicas. El lector atento se preguntará cómo es posible que sea persona tanto un niño como una asociación, si resulta evidente que ni uno ni otra pueden actuar por sí mismos, como tales. A ello se responde que el hecho de que sean considerados personas no conlleva que siempre tengan que actuar por sí mismos, pues para eso se prevé la existencia de representantes –otra persona—, que expresen lo conducente para el menor de edad o el conjunto de accionistas para nuestro ejemplo.

Si comparamos la lista resultante de haber cernido el orden jurídico mexicano actual con el criterio “persona” con el existente en, por ejemplo, un reino medieval o un régimen de corte soviético, los resultados serán completamente distintos. Para comenzar con lo obvio, en el primero no habría ni reyes ni soviets, no habría señores feudales ni camaradas. Lo que habría son, si no todas, sí una buena parte de las formas por las que los individuos de nuestro tiempo tratamos de o tenemos que expresarnos de manera respetuosa.

Hoy, por ejemplo, imbécil o estúpido son formas de insulto, pero no categorías jurídicas. El cambio no se produjo prohibiendo la expresión, sino elaborando jurídicamente de una manera completamente distinta a la persona que, por decirlo así, tiene una específica condición psicosocial. La personificación que ahora se hace, busca destacar las posibilidades del individuo y no así sus limitaciones. Actualmente hablamos de personas con discapacidad o de personas con capacidades diferentes, no como mero ejercicio de denominación, sino como manera de expresar la nueva personificación que el derecho asigna a este conjunto de personas. Con base en esa misma manera de constituir sujetos, el uso de expresiones que no reflejen el entendimiento o la aceptación de la nueva persona, acarrean consecuencias sociales, más allá de las estrictamente jurídicas.

Las personificaciones realizadas por el derecho tienen características relevantes. Respecto de un mismo individuo pueden recaer varias de ellas simultáneamente, permanecer, desaparecer modificarse, estar en potencia o actualizarse. Un individuo puede ser menor de edad, estudiante, miembro de un club deportivo, comprador y beneficiario de un sistema de aseguramiento médico. Con el pasar de los años, puede ser padre, empleado y propietario, sin perder ninguna de las calidades que tuvo en su infancia o, por el contrario, haber perdido algunas de ellas. Más allá de las situaciones concretas que la vida le depare a cada cual, lo relevante es que la composición del individuo en tanto persona, es la suma de las muchas personificaciones que el derecho contempla para ser adquiridas o rechazadas.

Hasta ahora he hablado de la persona y de las personificaciones como si fueran elementos dados en los órdenes jurídicos y sociales. Sin embargo, su construcción, mantenimiento o rechazo, en modo alguno tienen un carácter natural. Por el contrario, suelen ser elaboraciones muy complejas que se insertan en las normas jurídicas –o salen de ellas— mediante procesos que, con independencia de su institucionalización, están significados por la violencia que conlleva todo ejercicio de dominación. Empecemos, nuevamente, por lo obvio.

Hasta no hace mucho tiempo, los hijos eran considerados –jurídica y socialmente— como meras extensiones de sus padres. Sujetos que, con base en prácticas sociales o religiosas, les debían obediencia absoluta y estaban destinados a subordinar buena parte de sus decisiones e intereses a aquéllos. La personificación de los niños y las niñas –o de los incapaces— estaba constituida de manera débil, tanto que constituyendo o reflejando, era común llamarlas personitas. Con motivo de los cambios en el derecho internacional y en varias constituciones del mundo, a los menores de edad se les reconoce un “interés superior”. Con ello, el que sus condiciones de vida no estén determinadas sin más por sus padres. Este cambio implica, además del evidente proceso de autonomización, la construcción de una imagen del menor de edad, en tanto sujeto con capacidades para tomar un número mayor de decisiones. Lo que en el fondo de este ejemplo existe, es la nueva personificación del menor de edad. La determinación de que quien no ha cumplido dieciocho años tiene posibilidades propias de decisión.

Los cambios que vengo señalando no son privativos de los individuos en sí mismo considerados. Los mismos alcanzan igualmente a las maneras en las que esos individuos pueden actuar en conjunto. Desde luego es verdad que en el pasado existieron formas de organización que daban lugar a personas jurídicas distintas a las de sus integrantes. Las corporaciones medievales o las compañías de exploración del imperio británico son ejemplos bien conocidos de ello. Sin embargo, en lo que quiero llamar la atención es en el hecho de que actualmente existen formas de personificación mediante las cuales se están tratando de resolver problemas actuales.

Mi ejemplo favorito en este sentido es la sentencia dictada por una corte en la India mediante la cual le asignó el carácter de persona a la cordillera del Himalaya y a todos los recursos y servicios naturales con ellas relacionados –ríos, bosques, pastizales, etc.—. Entiendo que, desde cierta óptica, tal decisión puede estimarse extravagante o incluso metafísica. Tal vez la mera expresión más radical de alguna de las corrientes naturalistas que existen en nuestros días. Sin embargo, el asunto puede ser visto de manera distinta. Lo que la corte india hizo fue personificar un conjunto de bienes y servicios para, de esa manera, darles existencia jurídica y permitir, finalmente, que un representante vele por su conservación y cuidado. A contracorriente de la idea prevaleciente de los parques o zonas naturales resguardadas por el omnipotente gobierno, los jueces de aquel país echaron mano de las viejas fórmulas del common law para resolver un problema presente.

La función personificadora del derecho es esencial para el actuar de la sociedad. Mediante ella, simplemente, se constituyen las entidades que determinan la totalidad de sus posibilidades de comportamiento. Saber a quién se le asignará qué facultad o derecho, quién la va a determinar, a quién se le va a imputar una responsabilidad, a quién se va a proteger. Sin esos elementos, la positividad misma del derecho, su origen y fin en las conductas humanas, serían imposibles. Adicionalmente, las marcas jurídicas constituyen una realidad social. Si no en todo, sí en mucho nos guiamos cotidianamente por lo que el derecho nos indica lo que cada quien es o, si se quiere, nos muestra quién es qué. Con ello señala nuestros límites y nuestras posibilidades en el gran juego social en el que diariamente participamos, querámoslo o no.

 


La Marina en los puertos

Artículo publicado en el periódico El País el día 4 de agosto del 2020.

 

El pasado 17 de julio, el Presidente de la República anunció en Manzanillo, Colima, que iba a llamar a la Secretaría de Marina “para que nos ayude a enfrentar el problema de inseguridad y de tráfico de drogas en éste y en otros puertos del país”. Después agregó que aquella “tiene que ser fundamentalmente garante de la soberanía y en particular en el cuidado de los litorales y de los puertos de México. Ese es el nuevo rol que se le está asignando a la Secretaría de Marina, lo cual, repito, incluye la vigilancia, la protección de aduanas marinas y puertos de nuestro país”.

En el mismo discurso, el Presidente consideró que la Secretaría en mención podía realizar esas tareas debido a que la Constitución se había modificado para permitir a las Fuerzas Armadas “ayudarnos en labores de seguridad nacional”. Para él, el tema pareciera reducirse a una cuestión meramente orgánica dada la autorización constitucional que se supone se le ha conferido. Desde el punto de vista constitucional en particular y jurídico en general, las cosas no son tan simples.

Con independencia de lo pésimo que resulta seguir avanzando en el ya de por sí alarmante proceso de militarización iniciado por otros gobiernos y continuado por el actual, hay varios problemas de gran calado jurídico que deben ser resueltos antes de asignar a la Secretaría de Marina las actividades anunciadas por el Presidente López Obrador. Entiendo que, al estar inmerso el país en el proceso de militarización de diversas acciones públicas, pudiera parecer relativamente natural dar un paso más en la misma dirección, y que podría pensarse que, si algo ya comenzó, qué más da seguir avanzando por esa ruta. Sin embargo, vistas las cosas conforme al orden jurídico que debe regir tanto las actuaciones públicas como las privadas, y a la luz del régimen democrático que nos hemos dado, conviene comenzar dejando en claro varias cuestiones.

La primera de ellas es que conforme al artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe ser emitido por la autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado en las normas del propio orden jurídico. Lo que implica, en primer lugar, que el actuar de las autoridades debe estar señalado en una norma previa. Por ello, la correspondiente acción de autorizar, negar o actuar, debe preverse así en una ley, reglamento u otra disposición pertinente. Lo segundo es que la fundamentación y la motivación, implican que el actuar concreto debe sustentarse en otra norma y tener relación con la situación que va a enfrentarse.

A partir de este básico aspecto, es necesario apuntar desde ahora que el Presidente López Obrador no cuenta con la competencia necesaria para asignar nuevos quehaceres a la Secretaría de Marina respecto de los puertos y las aduanas marítimas. Lo que el Presidente podía hacer en materia de uso de las Fuerzas Armadas, ya lo hizo.

Recordemos que, con motivo de la reforma constitucional llevada a cabo en marzo del 2019 para reconfigurar la Guardia Nacional, al Presidente se le confirió la competencia para involucrar a la Fuerza Armada Nacional en asuntos de seguridad pública. Él mismo ejerció esa competencia mediante acuerdo publicado el 11 de mayo de este año, determinando que el Ejército y la Armada deberían apoyar hasta por cinco años a la propia Guardia Nacional en algunas de sus funciones. Recalco el adjetivo indefinido de “algunas”, pues de entre todas las acciones que puede hacer este cuerpo policial, la Fuerza Armada únicamente la apoyaría en unas cuantas de ellas. Es decir, lo que el Ejército y la Armada pueden hacer conforme al acuerdo presidencial, es apoyar a la Guardia Nacional en lo que a ella corresponda realizar, sin incorporar en modo alguno nuevas y autónomas tareas para soldados y marinos. Ello es así, porque el artículo transitorio de la reforma constitucional dispuso funciones de apoyo a las faenas encomendadas al nuevo cuerpo, pero en modo alguno se estableció que los cuerpos militares adquirirían nuevas ocupaciones.

Al ser clara la posición subordinada y complementaria de la Fuerza Armada con respecto a la Guardia Nacional, y no siendo tarea de ésta la protección de los puertos y aduanas en los términos planteados por el Presidente, es posible analizar sus pretensiones desde otro ángulo. ¿Puede el Presidente asignarle al Ejército o a la Armada los trabajos que a él le parezcan más convenientes? Desde el punto de vista constitucional, la respuesta es rotundamente que no. En primer lugar, porque el artículo 129 dispone que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Resulta más que evidente que la asignación de vigilancia de puertos y aduanas portuarias es una actividad que no guarda relación con esa disciplina.

En segundo lugar, porque la asignación expresa de funciones a la Fuerza Armada para apoyar a la Guardia Nacional es, precisamente, la excepción constitucional que ya se dio para que las primeras realicen actividades policiales en las condiciones de complementariedad apuntadas.

Si el Presidente quisiera movilizar a los marinos para cumplir con el tipo de labores como las que refirió en Manzanillo, tendría que suspender derechos en términos del artículo 29 Constitucional o declarar, con fundamento en el artículo 89, que la seguridad interior del país está comprometida. Ambas cuestiones son, desde luego, tremendas. La primera, porque implicaría que los habitantes del territorio nacional tengamos suspendido el ejercicio y goce de nuestros derechos y garantías; la segunda, porque la movilización implicaría un paso adicional en el proceso de militarización, con los consecuentes efectos en materia de derecho humanitario.

Dada la especificidad de las Fuerzas Armadas en el texto constitucional, el Presidente de la República carece de las competencias necesarias para actuar sobre el Ejército y la Marina. Tampoco puede hacerlo el Congreso de la Unión por mucho que se reforme la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es decir, no es factible, ni por decreto presidencial ni por ley del Congreso, asignarle ocupaciones a las Fuerzas Armadas que no encajen en el marco constitucional. Tampoco, como ya expuse, es posible que la asignación de las competencias a los cuerpos militares se haga mediante la desnaturalización de la Guardia Nacional. Lo único que sería factible, más allá de peligros y nuevos pasos en la ya señalada militarización, sería asignarle a ésta las tareas de protección de puertos y aduanas marítimas, para después asignarle tales labores a la Armada, siempre de manera complementaria y subordinada.

En el mundo entero existe un régimen particular y propio de las Fuerzas Armadas. Nuestro país no es la excepción. Desafortunadamente, desde hace años, se ha venido erosionando ese marco para asignarle a los correspondientes cuerpos un creciente número de quehaceres. La idea, hasta hoy no materializada, de asignar la vigilancia de los puertos a nuestra Armada, va en la misma dirección. En la misma mala ruta. ¿Por qué razón si el Gobierno ya lo es y si tiene a su cargo todo el sistema aduanal mexicano, no hace una reforma de su propio aparato para cumplir con las funciones que él mismo pretende desempeñar? ¿Para qué forzar más aún los ya de por sí complejos equilibrios institucionales vigentes en el país?


Crisis en la justicia

 

Artículo publicado en el periódico El Universal el día 28 de julio del 2020.

 

Ayer David Fuentes publicó una nota acerca de la crisis que puede darse en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con motivo de la Covid-19. Dijo que por el cierre de juzgados y salas no se han iniciado alrededor de 64,692 juicios.  Siendo correcta la información que presentó para la Ciudad de México, el llamado de atención debe extenderse a todas las judicaturas del país.

Con motivo de la pandemia, los órganos de impartición de justicia cerraron sus actividades alrededor del 17 de marzo de 2020 y las abrirán, previsiblemente, el 3 de agosto próximo. Durante cuatro meses y medio las actividades ordinarias, ya de por sí complicadas, disminuyeron considerablemente, cuando no, de plano, prácticamente desaparecieron.

El efecto de estos cierres es, comenzando por lo evidente, que los asuntos que ordinariamente llegaban a los tribunales para ser resueltos, no han podido serlo en la misma escala. Si, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación reportaba en números gruesos el conocimiento anual de un millón de asuntos, y éstos se hubieren distribuido homogéneamente a lo largo de doce meses –lo que desde luego no sucede—, el número total de juicios no presentados se elevaría a 450,000. Suponiendo que, tanto por las condiciones de urgencia como por el uso de la justicia electrónica, se hubieran recibido, digamos, 100,000; en mis cálculos simples, habría alrededor de 350,000 casos que previsiblemente se presentarán en los próximos meses. Lo que desde luego hay que advertir es que la presentación de estos litigios no se dará conforme a la distribución ordinaria a lo largo de días y semanas, sino de manera acumulada en un lapso corto. Ello provocará la acumulación numérica y operativa que, a su vez, presionará en su adecuado desahogo.

Adicionalmente al anterior problema, debemos tener en cuenta que, hasta aquí, únicamente hemos considerado la distribución anualizada de los asuntos que normalmente se presentan. Sin embargo, no sabemos cuántos más van a surgir de la dinámica Covid-19. Pensemos en despidos, incumplimientos de contratos, divorcios, delitos, acciones u omisiones de las autoridades nacionales y en todo aquello que la pandemia, fuera de las condiciones ordinarias de vida, ha producido y va a generar. Sé que no hay una acumulación directa entre las cuestiones estacionales y los derivados de la Covid-19, pero infiero que el incremento de los casos totales será una realidad.

La advertencia que se ha hecho para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es válida y oportuna. Por lo mismo, es aplicable al resto de los órganos jurisdiccionales de todo el país. Con independencia de si pertenecen a la Federación o a una entidad federativa, de la jerarquía que tengan o de la materia de que se trate, todos ellos enfrentarán varios problemas comunes: la acumulación de los expedientes ordinarios, la aparición de nuevos y complejos asuntos por la pandemia, y la necesidad de resolver acumuladamente la suma de unos y otros, en un contexto de mal entendida austeridad pública.

La función de los órganos de impartición de justicia es resolver conflictos humanos mediante litigios. Desde luego se trata de un mecanismo imperfecto, pues no siempre se tiene la capacidad de comprender al conflicto en términos litigiosos, ni el litigio mismo tiene la posibilidad de resolver el conflicto originario. Con todo y que ello es verdad, el problema de que ni siquiera se logre tener la capacidad de conocer los problemas y de resolverlos dentro de ciertos plazos y con determinadas formas, es mucho más grave. Implica, para decirlo pronto, dejar numerosos problemas sin solucionar.

Por las magnitudes de asuntos que previsiblemente van a generarse y por los límites funcionales de los órganos de impartición de justicia, es previsible la aparición de una crisis que no será del tipo estrepitoso o radicalizado, sino más bien sutil y extendida. Implicará, desde otro frente, una erosión más a las ya de por sí maltrechas condiciones institucionales en las que el país se despeña.


Criterio de oportunidad

 

Artículo publicado en el periódico El País el día 20 de julio del 2020.

 

La extradición de Emilio Lozoya a México ha generado grandes expectativas. Entre las primeras, desde luego, por lo que pueda decir para involucrar a otros servidores públicos y particulares en la que, muchos, suponen fue una amplísima red de corrupción. Las necesidades o los deseos de ver amplias delaciones e involucramientos han abierto especulaciones sobre lo que pueda o no decir. También, acerca del modo en que pueda decirlo. He leído a varios reporteros y comentaristas afirmar que será testigo protegido, testigo colaborador u otras calidades semejantes. Las desinformaciones de las semanas pasadas van adquiriendo ya forma jurídica. Con lo poco que se ha informado en un proceso que, por lo demás, tiende a convertirse para mal de la justicia en opaco y restringido, se dibuja ya el escenario principal.

Lo primero que se ha dicho es que a Lozoya se le aplicará la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. En ella se dispone que las medidas que pueden establecerse para proteger a quien intervenga en un proceso, son las de asistencia a fin de acompañarlos en el propio juicio, y las de seguridad para preservar su vida, libertad e integridad física. De manera semejante, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que el agente del ministerio público o juez podrá ordenar medidas especiales para proteger la integridad física y psicológica del testigo, así como a sus familiares y, en general, de todos los que intervengan en el correspondiente procedimiento. Aun cuando desde luego es posible que Lozoya reciba las protecciones acabadas de señalar, es poco probable que solo por ellas haya solicitado su traslado a México. ¿Por qué hacer algo tan particular frente a un beneficio tan general fácilmente obtenible?

La segunda posibilidad de la que se habla es que está en México como testigo protegido. Existe una cierta confusión terminológica entre la situación explicada en el párrafo anterior y la que prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En lo que ya describí, se trata solo del otorgamiento de medidas de protección. En el artículo 14 de este último ordenamiento se dispone que cuando se presuma que está en riesgo la integridad personal o la vida de quienes rindan testimonio contra algún miembro de la delincuencia organizada, la identidad deberá mantenerse bajo reserva a juicio del agente del ministerio público de la Federación. Si la extradición de Emilio Lozoya la solicitó él mismo y por todos es conocido, entonces no aplica el supuesto de testigo protegido en esta segunda acepción.

La tercera posibilidad de la que se ha hablado es la de testigo colaborador. Como lo señalé en otro lugar (El Universal, 14 de julio de 2020), el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que quienes sin estar sujetos a investigación o estándolo colaboren en las fases de investigación, proceso o compurgación de pena para perseguir a miembros de la delincuencia organizada, pueden recibir beneficios. En el primer caso, para que no se les acuse formalmente y en los restantes en la disminución de las penas correspondientes a los delitos imputados. Para que la condición de testigo colaborador pueda actualizarse, Lozoya tendría que declarar en contra de personas que estuvieran involucradas en delincuencia organizada. Ello implica que tres o más individuos, de manera permanente o transitoria, hubieran acordado realizar alguno de los siguientes delitos: terrorismo; contra la salud; falsificación, uso de moneda falsificada y alteración de moneda; operaciones con recursos de procedencia ilícita; derechos de autor; acopio y tráfico de armas; tráfico de personas u órganos; corrupción de personas; pornografía; turismo sexual; lenocinio; trata de personas; secuestro; robo de vehículo; defraudación fiscal; hidrocarburos y contra el ambiente. Aquí importa distinguir que, por una parte, Lozoya no está acusado por la comisión de ninguno de ellos. El uso indebido de funciones, el peculado y el desvió de recursos, no están previstos en el listado acabado de señalar. Sin embargo, lo que aquí se está discutiendo es otra cosa: que él, con independencia de las acusaciones a su persona, declare en contra de quienes sí estén involucrados en alguno de los delitos constitutivos de la delincuencia organizada. De entre éstos, el único que parece factible es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dicho de otra manera, si la Fiscalía General de la República acusa a otras personas –tres o más— de haber cometido ese delito y Lozoya proporciona información pertinente para procesarlos o condenarlos, puede adquirir la condición de testigo colaborador y recibir beneficios en el monto de la pena de prisión que, en su caso, podría imponérsele por sus propias conductas.

La última posibilidad de la que se ha hablado es el denominado “criterio de oportunidad”. En la reforma al sistema penal del 2008, se estableció que el ministerio público podría considerar criterios de oportunidad conforme a lo dispuesto en las leyes. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se estableció que una vez iniciada la investigación y conforme a las normas de cada fiscalía –federal o locales—, el ministerio público podrá abstenerse de ejercer la acción penal siempre que concurran dos circunstancias. Que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños a las víctimas u ofendidos y se esté en alguno de los supuestos del artículo 256 de ese ordenamiento. Del listado de posibilidades previsto en este numeral, me parece que únicamente resulta aplicable al caso del que venimos hablando: la fracción V. Esto es, que “el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.

Lo relevante de esta última posibilidad, es que no exige, a diferencia del testigo colaborador, que se esté en un delito específico. Únicamente se requiere la relación de gravedad ya señalada. Por lo mismo, Lozoya podría colocarse en la situación de proporcionar información de los delitos cometidos por otras personas que, quiero insistir en este punto, no estén acusados de delincuencia organizada. Supongamos que con motivo de las operaciones de Odebrecht o de Agro Nitrogenados, se acusa a ciertos funcionarios de cohecho o uso indebido de funciones. Para el caso, bastaría que Lozoya proporcione información relevante, desde luego a juicio de la Fiscalía General de la República, para que se pudieran actualizar el criterio de oportunidad y ello, a su vez, conducir al no ejercicio de la acción penal.

El asunto de Emilio Lozoya es importante como tema público. Ello ha sido analizado mucho y bien por diversos periodistas y articulistas. Lo que no ha quedado tan claro son sus implicaciones para el sistema acusatorio que no acaba por consolidarse en todo el país. Lo que (supongo) esperamos todos los miembros de la comunidad jurídica, es que se haga un uso racional y transparente de las categorías jurídicas vinculadas con este proceso. El caso de Emilio Lozoya es paradigmático en muchos aspectos. Ojalá que lo sea también en la definición precisa de categorías como testigo bajo protección, testigo protegido, testigo colaborador y sujetos al principio de oportunidad. Hasta hoy, hay que decirlo, existen graves confusiones y pésimos resultados, si no en todo, sí en muchos aspectos del tema. Todo ello, por distante que pueda parecer, ha contribuido en mucho a la grave situación de impunidad que estamos padeciendo.


Testigos protegidos y testigos colaboradores

Artículo publicado en el periódico El Universal el día 14 de julio del 2020.

 

En los últimos días se ha anunciado la posible extradición a nuestro país de varios exservidores públicos. Se ha dicho que algunos de ellos vendrán en calidad de testigos protegidos y que otros colaborarán con las autoridades ministeriales. Existe confusión en la calidad jurídica de quienes presumiblemente habrán de volver para someterse a un proceso penal. Diferencia que es importante aclararla para orientar la información y las discusiones que habrán de darse en los próximos meses.

Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, las autoridades ministeriales y jurisdiccionales pueden ordenar medidas especiales destinadas a proteger la integridad física y psicológica de los testigos y sus familiares. Con esta disposición legal se busca un ámbito de protección para los testigos (o sus familiares) públicos e identificados. Por otra parte, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada dispone que el ministerio público de la Federación deberá mantener bajo reserva la identidad de las personas que vayan a rendir testimonio en contra de miembros de la delincuencia organizada, siempre que pueda presumirse que está en riesgo su vida o integridad personal. Así, aun cuando en ambos casos se habla de testigos protegidos, las diferencias entre ellos son evidentes. En los primeros, es de dominio público quién es la persona y, por ello, precisamente, el Estado le brinda protección; en los segundos, por el contrario, se mantiene en secrecía su identidad, al menos durante una parte del procedimiento penal.

El testigo colaborador es asunto distinto. En tal categoría se encuentran, por una parte, quienes sin tener abierta una investigación en su contra, colaboran con el ministerio público federal en la investigación y persecución de miembros de la delincuencia organizada. Por otra, están las personas que, en las fases de investigación, proceso o compurgación de pena, contribuyen con datos para la persecución de los integrantes de esas organizaciones delincuenciales. En el primer caso, el beneficio por la colaboración se traduce en la no acusación del informante; en los restantes, en la disminución de las penas que correspondan a los delitos imputados.

Para que pueda aplicarse la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada tienen que darse dos condiciones. Evidentemente, que tres o más personas se organicen de hecho para realizar permanente o reiteradamente, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado delinquir. También se requiere que los delitos que sean ciertas modalidades de terrorismo contra la salud, falsificación, uso de moneda falsificada y alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, derechos de autor, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas u órganos, corrupción de personas, pornografía, turismo sexual, lenocinio, trata de personas, secuestro, robo de vehículo, defraudación fiscal, hidrocarburos y contra el ambiente.

Las extradiciones de las que tanto se habla en estos días provienen de la probable comisión de delitos cometidos en contra de la hacienda pública. Ello plantea el tema técnico de acusar y procesar a las personas por un acto ilícito que, simultáneamente, le permita a la Fiscalía General de la República ofrecer beneficios creíbles a los colaboradores y sustentar debidamente las acusaciones en los correspondientes procesos. De otra manera, podría darse la paradójica situación en la que, por querer obtener datos que conduzcan a otras personas, no puedan imputarse debidamente los delitos a los extraditados; o que, al querer lograr la colaboración del procesado, finalmente resulte difícil acreditarle la comisión de un acto ilícito.

Pronto asistiremos al desarrollo de juicios adversariales. Estarán a prueba las capacidades técnicas de los abogados particulares y del Estado. También, algunos de los beneficios para combatir a la cada vez más expandida y peligrosa delincuencia organizada.

 

 


Referentes para la crisis

 

Artículo publicado en el periódico El País el día 2 de julio del 2020.

 

Es ya lugar común señalar las muchas dificultades que el tiempo presente nos plantea a todos. Entre ellas, hay algunas de gran visibilidad, como los encierros, los contagios y las muertes. Otras no son aún tan visibles o, al menos no en forma tan generalizada, como sucede con el desempleo o las quiebras empresariales. Algunas se encuentran todavía más ocultas, como son las maneras en las que los asuntos públicos se están gestionando por los respectivos gobernantes. Ahí donde se había comenzado a hablar de populismos de izquierda o de derecha, existen hoy silencios. Las crisis sanitaria, social y económica que de súbito llegaron para desplazar reflexiones y críticas al modo como los ejecutivos nacionales, primordialmente, se hicieron del poder y lo estaban ejerciendo.

Con base en distintos criterios, antes de Covid-19 comenzaban a cuestionarse las prácticas poco democráticas y técnicamente inadecuadas, de quienes legítimamente estaban en el poder público. La geografía y el talante de los personajes era y es variado, hubo recorridos más o menos puntuales sobre lo que se estaba haciendo y dejando de hacer en D.C., Brasilia, Moscú, Londres y otras muchas capitales del mundo, la mexicana incluida. Desconozco cuál hubiera sido el efecto de seguir con tales cuestionamientos en el mediano plazo respecto de los calendarios electorales de cada país. Lo que sí sé es que reflexiones de ese tipo se interrumpieron. La pandemia ocupa todo el espectro y lo que ahora tenemos son reflexiones, desde luego importantes, pero más bien circunscritas a las capacidades de gestión de la salud pública y la economía nacionales.

Lo que actualmente domina la atención es la capacidad de los gobiernos, más que de sus titulares concretos, para detener el número de contagios y muertes mediante las medidas dictadas y la capacidad de mantener la economía lo menos afectada. En modo alguno se trata de distractores, pues la gravedad de lo que enfrentamos exige tiempo y talento. Evitar muertes, quiebras y desamparos, es una tarea esencial que de ninguna manera puede posponerse. Sin embargo, la magnitud misma de lo vivido no debe evitar el que reflexionemos sobre las condiciones del ejercicio del gobierno, tanto en su dimensión estrictamente pandémica, como general y originaria.

Para el avance de la democracia y de las libertades que le son consustanciales, sería indebido que frente a la crisis que vivimos se pospusieran o desaparecieran los correspondientes análisis. Por el contrario, la excepcionalidad de lo que hay y sobrevendrá, debe mantenernos alertas. No vaya a ser que a cuento de lo que se supone estamos enfrentando, al incorporarnos a la llamada “nueva normalidad”, nos percatemos que hemos perdido algunos derechos o, al menos, algunas de sus dimensiones de goce o ejercicio.

El mero planteamiento de la posibilidad crítica abre un interesante y nuevo problema. El de la perspectiva desde la cual haya de hacerse. ¿Las condiciones extraordinarias deben considerarse mediante criterios extraordinarios o, por el contrario, desde los ordinarios? Así planteada la disyuntiva, la respuesta parece obvia. Lo ordinario se evalúa conforme a lo ordinario y lo extraordinario conforme a lo extraordinario. De otra forma, podría argumentarse siguiendo la misma línea de razonamiento, terminarán comprendiéndose inadecuadamente. Fuera de su orden. Con todo y su aparente comodidad, sostengo que proceder en los términos acabados de apuntar, constituye un grave error, al menos desde el punto de vista jurídico. Que, precisamente, la incorporación de elementos extraordinarios en situaciones ordinarias termina por confundir los criterios con los problemas, permite actuaciones ad hoc, y acaban generándose excepciones y privilegios que terminan pareciendo no solo aceptables, sino indispensables.

Cualquier revisión a los órdenes jurídicos de nuestro tiempo nos permite advertir, sin mucha dificultad, que los mismos cuentan con reglas de dos tipos: aquéllas conforme a las cuales se desarrollan los actos jurídicos cotidianos, y aquéllas que se actualizan en momentos comprendidos por las normas mismas como excepcionales. Si en un momento de paz relativa se adquiere un bien o se comete un delito, las formas jurídicas para realizar lo primero o sancionar lo segundo, son las que estaban previstas de manera general al momento de realización del correspondiente acto. De igual manera, cuando surgen las situaciones previstas por las normas para dar lugar a las excepcionalidades y los órganos correspondientes declaran tal condición, las conductas habrán de regularse conforme a las normas previstas o creadas para tales casos. En esta segunda situación el orden jurídico no se transforma en caos ni entropía se constituye en referente único. Por el contrario, comienza a suceder que normas y conductas nuevas se producen para darle una dimensión jurídica, más o menos regular y previsible, a la situación excepcional que se ha presentado. Lo relevante no es lo que sucedió a nivel fenomenológico, como si desde él pudiera o debiera gobernarse el acontecer, sino entender que la normatividad es la respuesta para enfrentar lo nuevo.

Lo que aquí resulta de importancia para saber en dónde se está durante una crisis, cómo se le enfrenta y cómo se sale de ella lo menos mal posible, es entender que, por paradójico que parezca, la excepcionalidad normativa, que desde luego la habrá, debe satisfacer dos condiciones. La primera, distinguirse claramente de los fenómenos que la provocan; la segunda y, en consecuencia, comprender pronto y bien que la nueva normatividad dejó de ser excepcional. Que su función es marcar regularidades en las condiciones sobrevenidas. Expresado en sentido contrario, que su función no es introducir o hacer patente el caos en las cotidianeidades como consecuencia de sus propias indeterminaciones, inconsistencias o excepciones.

La única manera de ordenar los fenómenos sociales mediante el derecho es comprender que con él se buscan alcanzar regularidades. Así, por ejemplo, si lo que se quiere ante la pandemia es exceptuar a todos o a muchos de ciertos requisitos para alcanzar ciertos resultados, lo consecuente es que conforme a tales criterios se regule la vida o la conducta de todos aquellos que tengan cabida en los nuevos supuestos normativos. Hacerlo de otra manera, equivale a internalizar el caos en aquello que se supone debe ser su factor de corrección.

En las semanas pasadas hemos visto la producción de numerosas normas jurídicas. En los días por venir, seguramente habremos de ver muchas más. Sin dejar de advertir que muchas de ellas no son válidas y que ello habrá de ser determinado por los órganos correspondientes, no podemos suponer que el mero acontecer caótico de los hechos cotidianos debe ser el parámetro de comprensión de nuestras conductas. Menos aún el criterio de evaluación de las provenientes del gobierno. A éste y a sus agentes concretos, debemos exigirles que, precisamente por estar en una situación excepcional, emitan las normas adecuadas para hacerle frente conforme a lo que prevén las normas vigentes. También, que una vez emitidas, guíen sus acciones conforme a ellas. Dicho de otra manera, que dejen de reproducir en sus cotidianos actuares los males que pretenden enfrentar.

 


¿Gobierno o Ciencia?

Revista Otros Diálogos, sección ventana, publicación trimestral electrónica de El Colegio de México

No. 12, julio – septiembre 2020. ISSN 2594-0376

 

Frente a la crisis provocada por el COVID-19, la relación entre el Estado y la ciencia parece volverse más estrecha y mutua, pero esto es sólo de manera superficial. José Ramón Cossío analiza la manera en que interactúan gobierno y ciencia, cómo aquél subordina a ésta como una herramienta de discurso político, y hace un llamado a esgrimir el rigor científico contra la manipulación estatal.

 

En dos colaboraciones periodísticas recientes he tratado de analizar algunas de las relaciones más importantes entre ciencia y gobierno, desde luego a la luz del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 por éste producida. En un primer artículo (El País América, 14 de abril de 2020), elaboré algunas reflexiones a la luz del interesante libro de C.P. Snow, Science and Government, resultado de las Godkin Lectures impartidas en Harvard en diciembre de 1960. Lo que Snow hace, con enorme elegancia y claridad, es analizar lo tratado por dos científicos, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, en sus relaciones con el poder político. Frederick Lindemann, rico, pretencioso y cercano a Churchill, obstaculizó muchas propuestas surgidas de distinguidos científicos, como es el caso del radar, para mantener su estatus en el gabinete e impedir el acceso y la competencia de otros colegas. El segundo personaje, el antagónico a Lindemann, fue Henry Tizard; reconocido por sus competencias técnicas y su asertividad, no pudo entrar de lleno en la discusión de los problemas de la guerra sino hasta que los nazis bombardearon el Reino Unido. Tomando como paradigmáticos los seres y actuares de ambos sujetos, Snow apunta la necesidad de que, en las relaciones con el gobierno, los científicos eviten caer en la fascinación por lo que llama gadgets. Para él, gadget es cualquier tipo de artilugio mecánico, estadístico o gráfico al que se le concedan capacidades para resolver problemas como mera consecuencia de su uso. También llamaba la atención acerca de la necesidad de evitar que el entendimiento y resolución de los problemas se hiciese por pocas personas, sin llevar a cabo discusiones y sin compartir las bases de datos de aquello que estaba siendo diagnosticado o definido.

En la segunda colaboración (El País América, 28 de abril de 2020), busqué exponer las condiciones en las que se realizan las conferencias de prensa del subsecretario López-Gatell para informar acerca de los avances de la pandemia en el territorio nacional. La manera en la que a diario se desarrollan tales ejercicios me recordó el análisis que Roland Barthes hizo, en sus Mitologías, del soldado negro aparecido en la portada de Paris-Match, buscando simbolizar a una Francia grande y única ajena a los descalabros coloniales. En las presentaciones de López-Gatell hay también importantes claves semióticas. Frente a gráficas, utilizando un lenguaje técnico y sus múltiples acepciones, asume —o parece asumir— que la realidad epidemiológica misma está siendo ordenada y domesticada por sus representaciones y sus palabras. Que, desde antes de llegar a México, ya se sabía lo que la pandemia habría de ser. Tanto, que resultaba posible predecir cada una de sus fases no sólo en su parte material sino también, asunto desde luego más complejo, en su fecha prácticamente exacta de llegada y terminación. Lo que este artículo me permitió poner de relieve es que López-Gatell no está haciendo ciencia, sino expresando el entendimiento que tiene el gobierno de las cosas vinculadas con la pandemia, en un lenguaje compuesto de terminología científica.

 

Concluía en ese trabajo que, por sus condiciones de realización, las conferencias no pueden ser consideradas científicas. Su estructura y objetivo no permiten ni discusión ni, mucho menos, generan posibilidades de refutación. Las bases de datos no son tales, los pares no están convocados y, lo más grave, el cuestionamiento del modelo no sólo no está permitido, sino que, incluso, parece haberse registrado para que no lo sea. Lo que hay es la exposición de un agente gubernamental compartiendo sus datos, insinuando sus modelos y reelaborando con cierta frecuencia bases de medición, escalas y resultados.

 

La aceptación de los ajustes, desde luego graves por referirse a números de contagiados y muertes, se trivializa con jeringonza academicista. Factores de corrección o de contagio o tasas prácticamente implícitas han aparecido en tales conferencias. La apertura de un espacio controlado y la ausencia de periodistas especializados generan, por una parte, la idea de apertura y, por otra, de cuestionamientos directos que, desde luego, no lo son. Para que el ejercicio fuera científico y no puramente gubernamental, la información emitida y la totalidad de los elementos que le sirvieron de fundamento tendrían que haber sido capturados, analizados, elaborados y presentados de modo científico, para luego ser cuestionados y permitir, de esa manera, ajustes a los datos y métodos iniciales para repetir, de nueva cuenta, el proceso.

 

La duda o cuestionamiento acerca de si lo que se hace en las conferencias de prensa es gobierno o ciencia, desde luego, no es asunto trivial. No es mero divertimento. La definición correcta de las cosas es fundamental para definir cursos de acción. El primero de ellos tiene que ver con las razones por las que la ciudadanía en general y la comunidad científica en particular tendrían que aceptar como verdad lo expuesto en una conferencia de un servidor público. ¿Qué haría que todos o muchos tuvieran que asumir lo dicho por alguien al servicio de un gobierno que, como cualquier otro, busca preservarse y generar su legitimidad con el propio ejercicio del poder?

 

El segundo aspecto por considerar tiene que ver con lo que se pretende hacer con la información que el gobierno produce para guiar su actuación y la de la población. Si los datos y conclusiones se logran por el gobierno, es para saber cómo asigna los recursos con que cuenta para enfrentar la pandemia, respecto de quiénes lo hace y los tiempos en que los ejecuta. Si lo que dice el gobierno carece de base científica, es más que evidente que está actuando de manera discrecional en lo político, más allá de que quiera darles revestimiento científico a tales procederes.

 

El tercer aspecto por considerar tiene que ver con la asignación de las responsabilidades finales. Si el ejercicio completo de gobierno se hace con base en mala ciencia o con base en algo que aparenta ser tal, cuando en realidad lo comunicado y el comunicante son gubernamentales, ¿cuál sería la responsabilidad del gobierno si las cosas salieran mal? Por ejemplo, que los contagiados fuesen más de los indicados y ello provocara un mayor número de muertos, o que, por la incapacidad de reconocer la magnitud del problema, no se asignasen los recursos suficientes y se alcanzara un trágico resultado en el número de muertos. La respuesta es simple: la política estimará que los fallos son de la ciencia, de quienes no pudieron o no supieron identificar problemas o proveer soluciones, cuando en realidad la ciencia no pudo participar como tal, sencillamente porque era un subterfugio gubernamental para generar formas distintas o convenientes del ejercicio cotidiano del poder.

 

Las dudas que tuve al escribir los dos artículos señalados hace unas semanas se han ido aclarando. Con ello, mis preocupaciones iniciales también. El pasado 8 de mayo, el doctor López-Gatell dio una conferencia de prensa en lo que parecieron ser sus oficinas y que, por lo mismo, quiso ser distinta a la que todas las tardes realiza a las 19:00 horas en Palacio Nacional. El motivo de ella fue responder la información que cuatro medios internacionales habían publicado en horas recientes sobre los métodos seguidos por él y su equipo frente a la pandemia, así como el subregistro de algunas variables, destacadamente el número de personas fallecidas.

 

Además del cambio de escenario, en la presentación hubo otra diferencia. El exponente apareció en mangas de camisa, buscando, supongo, dar la impresión de un hombre relajado que, nuevamente, tiene el control de la situación, tanto como lo mostraba su vestir. El que no haya sido tan así lo mostró el uso de una corbata roja, de tono muy parecido al que suele usar el presidente de la República. La combinación, por lo tanto, volvió a evocar lo que trataba de superarse. No era el científico relajado y competente quien hablaba de ciencia, sino el funcionario investido de poder quien hablaba desde la sede de éste, con los tonos de la autoridad pública que lo había nombrado y a la cual se debe.

 

La primera parte de la exposición fue, como en otras ocasiones, más cientificista que científica. No sólo por la ya señalada ausencia de pares y posibilidades de falsación, sino por el tono de aparente control de todo cuanto está aconteciendo en la realidad. ¿Cómo quiso refutarse la crítica de los subregistros? Advirtiendo que efectivamente existen subregistros, pero que éstos no se deben al mal método utilizado, sino a la necesidad de realizar diagnósticos específicos, mismos que sólo pueden hacerse por dictaminación, y que ésta es tan precisa que toma tiempo por la composición de los grupos de expertos involucrados. Ahora bien, cabe preguntarnos: ¿respecto de quién o qué va a hacerse tal diagnóstico clínico? Si es con cada uno de los cadáveres, habría que preguntar en dónde y cómo están y en qué condiciones registrados. Si es con una muestra de tejido, cuál, dónde y cómo está. Si es con los datos de un expediente clínico, es importante averiguar qué campos son los considerados y si, en su caso, los mismos pueden proporcionar la información necesaria, en caso de ausencia de cadáveres o muestras biológicas. Apelando a una jeringonza científica, las críticas a los malos números no se respondieron en sus términos, sino que nuevamente se incorporó un ejercicio, aparentemente más complejo y adecuado, que se difuminará en el tiempo y, sobre todo, en la materialidad de las cosas.

 

La segunda parte de la conferencia del 8 de mayo tomó un giro inesperado, al menos para mí. Ahí donde supuse que iba a escuchar datos para refutar, que al menos vería las gráficas vespertinas o algunos otros elementos semejantes, apareció un discurso por completo distinto. El científico López-Gatell ni siquiera apareció. Por lo contrario, la considerada y no explicada vigilancia epidemiológica dejó de ser el campo de la discusión científica para convertirse en el de la disputa política. Sin distinguir entre unos y otros, administradores pasados, hombres de negocios presentes y aspirantes futuros resultaron ser los impugnadores del modelo por él implementado. ¿La comprobación? La aparición coincidente y carente de rigor de los artículos publicados en cuatro medios internacionales. Paradójicamente, lo que comenzó siendo una conferencia para demostrar por qué estos impresos no tenían razones científicas para sostener lo notificado terminó demostrando que la publicación prácticamente ponía en evidencia la solidez del modelo y la exactitud de los datos.

 

El tercer acto fue, también, científicamente curioso. Frente a la señalada diferencia de los datos entre la Ciudad de México y los emitidos por los colaboradores del propio doctor López-Gatell, la respuesta no fue la demostración de cifras, tendencias o gráficas. Se limitó a señalar la estrecha colaboración entre las autoridades federales y las locales. La implicación que se quiso presentar era evidente: entre personas que se comunican entre sí, no pueden existir diferencias, más allá de que el tema no sea el de la calidad de las relaciones personales, sino el de los datos que se supone cada uno está en obligación de producir respecto de un fenómeno.

 

La conferencia del día 8 ha sido, al menos para mí, muy interesante. Me ha llevado al convencimiento de que una cosa es hacer ciencia y otra, muy distinta, hablar desde el gobierno en lenguaje científico. Las consecuencias de este proceder ya las estamos viendo y podrían ser nefastas. Por el número de personas lastimadas en su vida, en su salud y en su patrimonio. Por los dolores y las secuelas que mucho de lo no hecho, o de lo hecho mal, habrán de dejar a varias generaciones de mexicanos. Por el quebrantamiento de la economía y las posibilidades de desarrollo social y personal de varios millones de habitantes. Por la desconfianza que entre las personas provocará la ciencia, en tanto sea un campo de conocimientos incapaz de resolver problemas y, tal vez, el encauce hacia otras formas menos racionales de enfrentarlos. Por la irresponsabilidad en que se mantendrá el gobierno al poder desviar, a pesar de la manera en la que ha comprometido el quehacer científico, las malas decisiones a ese mismo quehacer.

 

En tiempos ordinarios es preciso diferenciar entre gobierno y ciencia. Se trata de dos maneras de estar en el mundo, comprenderlo y actuar en él. En tiempos extraordinarios, como los que sin duda nos está imponiendo la pandemia, ello es aún más necesario. La velocidad que requieren las acciones, la desesperación que suele imponerse, la trascendencia de las decisiones tomadas, todo ello lo hace imprescindible. Si el gobierno, cualquiera que sea su forma de actuación, está tratando de hacer lo que pueda al ejercer el poder, entre conservarlo y legitimarse, es a los científicos a quienes toca mantener su campo y desde él hablarle al poder. Éste buscará tener a sus científicos para que digan lo que deben decir en términos de cargos o prebendas. De esto no hay que sorprenderse. Lo que importa es lograr que cuando esos funcionarios quieran hablar como científicos, estos últimos determinen la condición del ejercicio. Hoy, ante el COVID-19, deberíamos saberlo más que nunca y actuar en consecuencia.


Renuncias y extinciones

Artículo publicado en el periódico El Universal, el día 30 de junio del 2020.

 

Cuatro mujeres renunciaron recientemente a sus cargos públicos federales. Sabemos del trabajo profesional de las renunciantes. Por lo que habían hecho antes, fueron invitadas a incorporarse a un gobierno que tanto prometía para el cumplimiento y defensa de los derechos humanos y la paridad de género. Era y es indispensable lo que cada una de ellas debía hacer para la protección a la salud, el combate a la discriminación, la atención a las víctimas o el enfrentamiento a la violencia contra las mujeres. Antes de Covid-19, las condiciones de cada uno de esos rubros eran alarmantes. En el transcurso de la pandemia, se han agravado. Después de ella, serán tremendos los problemas de salud pública.

Las razones personales por las que dejaron de prestar sus servicios, solo ellas las conocen. Lo que sí sabemos son las explicaciones que quisieron darnos para sustentar públicamente su decisión, vinculadas con el desorden, las intromisiones y la falta de recursos. Estoy seguro de que, por el entusiasmo y compromiso mostrado en su vida profesional, no les debe haber sido fácil separarse de un quehacer con el que se habían ilusionado y se suponían harían alguna diferencia en la convulsa sociedad de nuestro tiempo. Conociendo su talante, sé que cada una de ellas sabrá realizar los mismos u otros proyectos con pasión y capacidad ahí donde hayan de estar.

Lo que más allá de temas personales me parece preocupante para todos, es la afectación a la ya de por sí precaria institucionalidad del país. Lo que las renuncias muestran es el desorden existente en la conducción de la administración pública. El que no se sepa bien a bien qué hacer con los instrumentos jurídicos con los que se cuenta para resolver los problemas. El que se crea o asuma que la solución a las dificultades individuales y sociales pasa por la mera emisión de discursos que apelan a la transformación nacional, sin requerir de acciones bien planificadas y mejor ejecutadas. Este desorden, a su vez, permite considerar un aspecto más profundo y, por lo mismo, menos apreciable.

Lo que las renuncias muestran es un modo de hacer las cosas en el que las personas y los órganos por ellas constituidas, ni siquiera tienen una condición instrumental. Más bien, que las personas y los órganos son mero y prescindible acompañamiento a la voluntad presidencial. En la renuncia de las cuatro servidoras públicas podemos ver el estilo personal de gobernar del presidente López Obrador. El entendimiento de que por estar él al frente del país, es suficiente para prevenir y reparar todos los males. Que, por lo mismo, los integrantes de su gabinete y sus funciones son prescindibles. Que, más allá de la legítima posibilidad de sustituir al servidor público, es factible, cuando no francamente deseable, dejar de ejecutar la correspondiente función. Lo que va quedando cada vez más claro, es que el discurso de la austeridad no es sino la forma de presentación de este proceder, donde, insisto, lo importante no es solo el ahorro de recursos, sino el menoscabo de la función. De un quehacer, en principio, profesional y racionalizado, para luego trasladarlo a un solo hombre para ser ejecutada como mejor le parezca.

Lo que acabo de señalar, me parece, permite explicar mucho de lo que el Presidente ha hecho en materia de designaciones. ¿Por qué nombró y mantiene en sus cargos a personas incompetentes? El discurso de la honradez pudo haber tenido un momento de duda, pero las acusaciones sostenidas y las respuestas a ellas dadas, muestran su debilidad. La hipótesis de los compromisos personales y las lealtades alcanzaría para explicar algunos casos, pero no la mayoría de ellos. Creo que lo que en el fondo existe, es la necesidad de acumular la mayor cantidad de poder posible, mediante la disminución o extinción de las funciones de gobierno asignadas a diversos servidores públicos. Preguntémonos, para terminar, ¿quién gana con el anti-funcionalismo que desde la presidencia se proclama y ejerce?