La e-Justicia llegó a México

Artículo publicado en la revista Gatopardo el día 17 de junio del 2020.

 

En un giro inesperado durante la actual contingencia, una plataforma del Poder Judicial operará en línea como una alternativa al litigio tradicional de medios físicos y presenciales. Un avance histórico para hacer frente a los cientos de juicios pendientes que podrían ingresar cuando se retomen las actividades ordinarias.

La emergencia sanitaria ha trastocado el sistema de impartición de justicia en México y ha dejado al desnudo su dependencia a elementos físicos, como los expedientes en papel y las actuaciones presenciales. La salud y vida de jueces, personal administrativo, litigantes y justiciables —quienes demandamos justicia— es prioritaria, lo que explica la suspensión de las funciones jurisdiccionales. Una decisión prudente, aunque compleja en términos de política judicial, que se ha complementado con el impulso de la e-Justicia, a través de expedientes digitales, comunicaciones electrónicas y videoconferencias en los juicios, como un reto que ni siquiera Estados Unidos ha asumido por completo.

 

El ritmo para retomar las actividades lo ha marcado el Poder Judicial de la Federación. En una primera etapa, las labores se interrumpieron del 18 de marzo al 19 de abril, plazo que con posterioridad fue extendido al 30 de junio. Durante ese periodo, se habilitaron guardias en 98 juzgados, 46 tribunales unitarios y 76 tribunales colegiados de todo el país, para atender casos urgentes en materia penal, civil y laboral, así como los juicios que, a criterio de los jueces, deban calificarse así en función de “los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia”[1]

 

Los juicios ante los tribunales son vías para la solución de conflictos y, por ende, mitigan la violencia social. Los problemas no se encaran a garrotazos. Sin los juzgados abiertos y limitados a casos urgentes, las disputas entre ciudadanos carecen de arreglo institucional. A su vez, ante la falta de pesos y contrapesos que el Poder Judicial ejerce sobre el Ejecutivo federal, los actos del gobierno tienden a la arbitrariedad.

 

Dada la magnitud de la crisis, la reacción del Poder Judicial ha sido rápida y constructiva. El 8 de junio pasado determinó la implementación de la e-Justicia, de manera escalonada durante los siguientes 12 meses. Se trata de una herramienta opcional para los justiciables, a ejercerse en todos los juicios desde una plataforma específica del Poder Judicial, la cual operará de manera alternativa al litigio tradicional por medios físicos y presenciales. En su conjunto, ambos mecanismos garantizan la efectividad del derecho humano a la impartición de justicia, con independencia de la apertura de los juzgados.

 

De un cierre casi total de la función jurisdiccional, la e-Justicia ha implicado un giro copernicano en apenas tres meses. Existirán contratiempos, por supuesto, pero el avance es grande, calificado como histórico por Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte. En el largo plazo, con ello se garantizará el acceso permanente a la justicia —llegó para quedarse— y asegurará la función ininterrumpida de los tribunales.

 

Hasta marzo de este año, la e-Justicia se encontraba en una etapa incipiente de operación. La pandemia aceleró el ritmo, pero se requerirán reformas legales para allanar el camino. Hoy, juzgadores, litigantes y justiciables somos conscientes de la necesidad de potenciar las tecnologías de la información para mantener activa, en cualquier situación, la justicia federal.

 

El reto inmediato será atender las demandas no urgentes que, en el periodo del 18 de marzo al 16 de junio, quedaron en suspenso. Si consideramos la estadística del año pasado (2019), casi 350 mil juicios pendientes podrían ingresar cuando el Poder Judicial retome sus actividades ordinarias. Los medios electrónicos serán insuficientes para franquear el atasco de expedientes, el colapso de las diligencias judiciales y las limitaciones sanitarias. Necesitaremos importantes dosis de paciencia para afrontar el problema e idear remedios. En tanto se soluciona, el rezago será fuente de inseguridad jurídica entre los gobernados, y entre éstos y el poder público. Lo inédito de la situación imposibilita anticipar con certidumbre qué otros efectos sociales, políticos y económicos ocurrirán.

 

La impartición de justicia es propia del Estado de derecho. La suspensión de labores del Poder Judicial, insisto, fue una medida indispensable. En el futuro, sin embargo, no se puede detener la función jurisdiccional debido al cierre físico de tribunales. La e-Justicia es un modelo progresivo de protección de derechos humanos y requiere del respaldo de jueces, litigantes y justiciables.


Webinario "T-MEC y Anticorrupción"

Con la participación de Eduardo Bohórquez, Dante Preisser y moderado por Luis Pérez de Acha.

 


Que paguen los ricos. Desafíos de la reforma fiscal

Artículo publicado en Gatopardo el día 22 de julio del 2020.

 

Un tsunami arrasa las finanzas públicas. Ante la caída de la recaudación federal y la crisis económica por el coronavirus, la generación de ingresos adicionales es urgente. La Reforma Fiscal 2020 no será suficiente.

La avidez del gasto público ha sido históricamente el motor de las reformas fiscales. La debilidad estructural de las finanzas públicas, agravada ahora por la caída abrupta de la recaudación federal, revive el debate sobre el aumento de impuestos y la cruzada contra los contribuyentes ricos de México.

En 2020, diversas causas agudizaron los apremios hacendarios: la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, las insondables pérdidas operativas de Pemex y CFE, los interminables intereses de la deuda pública, la electrizante evasión fiscal y la bomba latente de las pensiones. Las empresas fantasma y el outsourcing perturban al erario. La austeridad del gobierno federal y la fiscalización sobre grandes contribuyentes —FEMSA, Toyota y Walmart, a la cabeza— son insuficientes para contener el tsunami que arrasa las finanzas públicas. Con un decremento de 50 mil millones de pesos respecto a mayo de 2019, los ingresos petroleros no dan más de sí. Además, el último informe de la Secretaría de Hacienda reporta una caída de los ingresos tributarios por 31 mil millones de pesos, destacando el IVA con un saldo negativo de 30.5 mil millones.

La generación de ingresos adicionales es urgente. La propuesta lógica es aumentar tanto el ISR como el IVA, así como cumplir con el principio constitucional de que quienes más tienen, más paguen. Ambas ideas son irrebatibles. El problema es su implementación de cara a un escenario electoral a corto plazo, sin olvidar la promesa del presidente López Obrador de que en su sexenio los impuestos no se incrementarán.

La efectividad de la recaudación depende de diversos factores en México. El crecimiento económico es de gran incidencia: entre más grande es el pastel, mayores son los ingresos tributarios por vía de la renta y el consumo. Es una recaudación sencilla y barata. Pero en contra juegan dos elementos enraizados en el sistema: la informalidad y la evasión fiscal, que no se combaten con reformas legales sino con estrategias y acciones específicas del gobierno federal.

Para quienes operan en la informalidad, la peor decisión es darse de alta en el SAT, contar con registro federal de contribuyentes, llevar contabilidad, operar transferencias bancarias, emitir facturas (CFDI), declarar ingresos, pagar impuestos e inscribir a sus trabajadores en el IMSS e Infonavit. Las desventajas son mayores que los beneficios materiales. En automático, los informales incorporados a la formalidad se excluyen de sus cadenas de producción y suministro, al construirse barreras entre unos y otros. Cualquier beneficio fiscal (potencial) les resulta draconiano. Por esta razón, la ampliación de la base de contribuyentes sigue siendo una ilusión.

La evasión fiscal enfrenta un problema similar. La efectividad de su combate no depende de reformas legales que incrementen las penas. Es una solución reduccionista que suele enmascarar la inoperancia —incluso la corrupción— del sistema de procuración e impartición de justicia. Por ejemplo, las penas de prisión para el secuestro, el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas son muy severas; no obstante, los índices delictivos no menguan.

La reforma penal-fiscal que entró en vigor en enero de 2020 calificó la evasión como delincuencia organizada que amenaza a la seguridad nacional, pero corre el riesgo de no dar resultados. Por la naturaleza de los procedimientos legales, que son lentos y onerosos, la persecución de los delitos puede ser frustrante para el SAT y la Procuraduría Fiscal. Los recursos humanos y materiales a su disposición son limitados, y una parte importante del fraude tributario escapa de su rango de fiscalización.

Una propuesta reiterada por el parlamentarismo social, con amplio respaldo en México, es que los contribuyentes ricos paguen más impuestos. La idea es subir entre cinco y diez puntos porcentuales a la tarifa del 35% del ISR, gravar los dividendos y establecer el impuesto a las herencias. La justicia constitucional lo fundamenta.

Bill Gates y Warren Buffet, poseedores de grandes fortunas, abogan por eliminar las lagunas legales que permiten pagar menos impuestos, elevar las tasas sobre la propiedad inmobiliaria y aumentar los gravámenes a los dividendos para que se igualen a los rendimientos del trabajo (salarios). Su planteamiento, sin embargo, choca con la resistencia del statu quo mundial.

El movimiento internacional tiende a la creación de un impuesto solidario. Su efectividad en México dependería de mecanismos de fiscalización que combatan planeaciones agresivas y que echan mano de paraísos fiscales. Dichas estrategias no son necesariamente ilegales, como lo demuestra una decisión reciente del Tribunal General de la Unión Europea que anuló un adeudo fiscal de Apple con el gobierno de Irlanda por 13 mil millones de euros. En México, un impuesto solidario tendría que evitar el simplismo de establecer tasas adicionales de ISR. Hace más de 30 años, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las utilidades brutas extraordinarias y de las cargas tributarias adicionales a ciertos contribuyentes. El diseño legal tendría que ser más sofisticado.

La modificación de la tarifa del ISR debe considerar los efectos negativos sobre los trabajadores. En ellos, como contribuyentes cautivos, recae la mitad de la recaudación del impuesto, una disfuncionalidad del sistema. La experiencia del pasado es que, al aumentarse el ISR, la retención sobre la nómina es mayor y, por tanto, los salarios netos disminuyen.

En lo que respecta al IVA, cualquier propuesta sería explosiva. En términos recaudatorios, por ejemplo, es urgente eliminar la tasa del 0% sobre alimentos y medicinas. Una reforma de ese calado podría transitar en tiempos ordinarios, aunque con un alto desgaste político y social. Dada la crisis actual, lo aconsejable es no moverle. Hace 20 años, en un mejor escenario, Fox y su propuesta de un IVA “copeteado” fracasaron estrepitosamente.

Es un anatema recordarlo, pero en el gobierno salinista, con Pedro Aspe y Gil Díaz como promotores, el IVA se disminuyó del 15% al 10%, y en el ISR las tarifas del 42% para personas morales y 55% para personas físicas —hoy estrambóticas— se redujeron sustancialmente; y se exentaron los sueldos de trabajadores de bajos ingresos. La paradoja fue que en ese sexenio la recaudación se incrementó un 39%.

Como decía León Tolstói: “Es más fácil hacer leyes que gobernar”.


Dilemas fiscales

Artículo publicado en la revista Expansión el día 18 de julio del 2020.

 

Los empresarios están entrampados. A algunos, los menos, la crisis económica ha beneficiado sus negocios: farmacias, supermercados y sector de telecomunicaciones, por ejemplo. Para la mayoría, sin embargo, los problemas se agudizaron con la caída de sus ingresos, que en no pocos casos han quedado en ceros.

 

En una crisis de largo aliento y con final incierto, los impuestos son un dolor de cabeza. La iliquidez complica a las empresas los adeudos con proveedores y arrendadores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales. En la medida en que pagan a sus empleados, aumenta el ISR que, como patrones, deben retener y enterar al SAT. El dilema es simple e intrincado: los trabajadores o el fisco federal. Pero, sin flujo de efectivo, las retenciones son solo virtuales, es decir, meramente contables.

 

Son numerosas las empresas serias y formales con complicaciones para cubrir los salarios. Dejar de pagarlos es una opción inviable. Entre las alternativas que han tomado están los recortes de personal, reducciones de sueldos y eliminación de prestaciones sociales. El cierre de negocios es otra vía de escape. Estas medidas, empero, no son soluciones eficaces a mediano y largo plazo. Los daños a los trabajadores son graves y las contingencias legales para los patrones, significativas.

 

En términos constitucionales, los salarios tienen preferencia sobre los adeudos al SAT. La paradoja es que el pago de los sueldos agrava el problema fiscal. La crisis ha enmarañado la madeja. Si el dinero solo alcanza para los trabajadores, la opción, en la mayoría de los casos, es el impago de las retenciones. No es que los empresarios quieran cumplir o no con esa obligación; simplemente no pueden.

 

Para las empresas, no enterar las retenciones del ISR tiene consecuencias negativas. Una de ellas es la cancelación de los sellos digitales, lo que imposibilita la emisión de comprobantes (CFDI) y anula la obtención de ingresos. El problema, complejo y con poco margen de defensa para los contribuyentes, ha terminado por entrampar al mismo SAT, pues sin sellos digitales los patrones no pueden timbrar la nómina ni pagar a los trabajadores. Si las autoridades los cancelan, en automático se convierten en verdugos del sector laboral.

 

La principal inquietud de los empresarios es de orden penal. Las leyes califican como defraudación fiscal la omisión de los impuestos retenidos. El problema no es inmediato, pues el camino procesal es largo. El primer paso es que el SAT arme un expediente para preparar una acusación. Después, el asunto se turna a la Procuraduría Fiscal para que presente una querella (denuncia) a la Fiscalía General de la República. Una vez que se permite el derecho de defensa de los contribuyentes, el caso se judicializa ante un juez federal.

 

Esas actuaciones toman varios meses, por lo que los empresarios no afrontan un riesgo que deban resolver en el corto plazo. Además, los argumentos de defensa son poderosos. El primero es que, para que se cometa defraudación fiscal, se requiere que las contribuciones “se hubieren retenido”, lo que implica una retención real y con flujo de efectivo, no meramente virtual.

 

En la defensa de los delitos fiscales se actualizan dos hipótesis que eximen de responsabilidad penal: la primera es “la no exigibilidad de otra conducta”, y la segunda se refiere a la satisfacción de un bien jurídico superior como el pago de sueldos, respecto de otro inferior como el entero de impuestos. En el caso del ISR retenido (virtualmente) a los empleados, dado que los salarios guardan preferencia sobre los créditos fiscales, los patrones deben cubrir la nómina antes que los adeudos al SAT. Los empresarios no tienen opción: primero los trabajadores aunque ello se traduzca en la omisión de impuestos.

 

Las contingencias legales para las empresas son reales, mas no apremiantes. El dilema fiscal tiene solución constitucional. El SAT está consciente de los perjuicios a los trabajadores con la cancelación de los sellos digitales. En lo penal, los procedimientos son tardados y las excluyentes de responsabilidad, fundadas. Los riesgos existen, pero no son letales.


Sin ton ni son

Artículo publicado en el periódico Reforma el día 23 de junio del 2020.

 

El semáforo epidemiológico se hunde. Hugo López-Gatell ha perdido la brújula jurídica y el liderazgo ante las autoridades estatales. Sus conferencias nocturnas son objeto de escarnio: un día dice una cosa y al día siguiente se desdice, y así cada semana. Esta volubilidad se refleja en la gradación de la reapertura.

La Secretaría de Salud tiene competencia exclusiva para imponer acciones extraordinarias contra la pandemia, como el semáforo con rojo, naranja, amarillo y verde para identificar los niveles de alerta. A los funcionarios locales corresponde, en cada color, la incorporación gradual de las actividades no esenciales y la asignación de aforos.

El primer semáforo, el 29 de mayo, puso al país en rojo, salvo Zacatecas en naranja. La metodología no se publicó en el Diario Oficial, como lo exige la Ley General de Salud; y se insinuaron cuatro criterios: ocupación hospitalaria, positividad de coronavirus, casos hospitalizados y casos sospechosos. Bastaba con que uno de estos arrojara un nivel alto para que la respectiva entidad federativa quedase en rojo.

La fórmula para calcular estos criterios fue secreta. Los gobernadores disputaron el ocultamiento y que el semáforo no se consensuó previamente con ellos. El liderazgo de López-Gatell se resquebrajó.

El 5 de junio México entero amaneció en rojo. Las páginas del Diario Oficial siguieron en blanco. Una semana después, con otra metodología, la mitad del país apareció en rojo y la otra en naranja. El subsecretario la cambió de un plumazo, utilizando un sistema de “ponderados” que asigna un 50% a ocupación hospitalaria, 10% a positividad de coronavirus, 20% a casos hospitalizados y 20% a sospechosos.

El viernes 19, como en una partida de dominó, 17 estados se pintaron de naranja y 15, de rojo. Los cálculos siguen sin publicarse. El caos se ha agudizado y la descoordinación alcanzó a los municipios. El resultado es la incompatibilidad entre el semáforo federal y las acciones locales. El desconcierto se acrecentó con la invitación del presidente López Obrador para salir a la calle, al tiempo que López-Gatell repetía que el pico de la pandemia estaba por llegar.

Los colores del semáforo se encienden sin ton ni son para favorecer la reapertura. Por eso la Ciudad de México oscila entre rojo y naranja, con el Estado de México en distinta tonalidad. Tabasco reanudó actividades a pesar de encontrarse en riesgo máximo. Sinaloa, también en rojo, titubea.

López-Gatell ha optado por gobernar a tuitazos. Violando la Ley General de Salud, en Twitter adelantó a naranja algunas actividades no esenciales marcadas en amarillo por los estados: albercas, gimnasios y peluquerías, por ejemplo. En otro tuit, violando las disposiciones locales, amplió los aforos en hoteles y restaurantes al 50% y en cines y teatros al 25%. La reactivación de la economía es necesaria, pero no con tal desparpajo.

Semáforos van y colores vienen, y los ciudadanos no sabemos a qué atenernos. Desde el púlpito de la ilegalidad, López-Gatell se obstina en arriesgar nuestra salud y vida; mejor sería que midiera la profundidad del despeñadero. Si su estrategia es huir hacia adelante, es mala idea desafiar la frustración de las víctimas del COVID-19 y sus familiares.

 


Conferencia "Empresas fantasma y lavado de dinero"

¿Qué son las empresas fantasma?

¿Cómo funcionan?

¿Por qué son tan eficientes?

Su propósito es primordialmente lavar dinero.

¿Cómo y para qué lo hacen?

 


Conferencia "¿Para qué pagamos impuestos?"

¿Qué es el gasto público?

¿Cuáles son las reglas constitucionales?

¿El gobierno puede gastar libremente?