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Por Mariana Ruiz y Denise Tron

29 de abril de 2021

Te dejamos las tesis de esta semana, además de varios criterios en materia de amparo, un tribunal analizó la constitucionalidad de los fines extrafiscales en la Ley de Ingresos de un municipio.

Un tribunal resolvió sobre la suspensión en el pago de rentas durante del Covid-19 y se confirma que los trabajadores de una institución de salud no podrán acudir al amparo si buscan demandar cuestiones relativas a la relación de trabajo.

Por último, comentamos el Acuerdo 3/2021 del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 29 de abril.

Improcedencia de la suspensión provisional contra la notificación de la acción colectiva

Cuando el juez certifica la acción colectiva, se ordena notificar a la colectividad para que cualquier persona que tenga interés pueda adherirse. Ha sido una práctica recurrente que las empresas demandadas en la acción colectiva promuevan juicio de amparo y que soliciten la suspensión, para evitar que se lleve a cabo la notificación a la colectividad.

La Primera Sala de la SCJN resolvió en contradicción de tesis sobre la procedencia de la suspensión provisional. Analizó por un lado, la posible afectación a la reputación de la empresa demandada y por el otro, la protección a los miembros de la colectividad de que sean informados de la acción junto con la importancia de no paralizar el procedimiento. En jurisprudencia se determinó que deben prevalecer los derechos de la colectividad, por lo que no procede conceder la suspensión. Registro: 2023013

Alcance de las facultades del presidente de TCC

Esta tesis se refiere a la jurisprudencia 2a./J. 11/2014 de la SCJN, que señala que en el caso de un amparo contra leyes, la autoridad ejecutora sí podrá interponer recurso de revisión (como excepción al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo).

En Plenos de Circuito se resolvió que el Presidente de un TCC no cuenta con facultades para analizar si la autoridad que presentó un recurso de revisión, se ubica en el caso de excepción previsto en la jurisprudencia de la SCJN. Este aspecto debe determinarse en el estudio de fondo del asunto. Registro: 2023007

Procedencia de medios preparatorios en contra de sociedad anónima

Se analizaron criterios contradictorios sobre la procedencia de medios preparatorios en el juicio oral mercantil, cuando se hacen valer en contra de una sociedad anónima. Un Pleno de Circuito determinó que los medios preparatorios sí proceden en contra de una sociedad anónima, no obstante que ese supuesto no está previsto en el artículo 1151, fracción V del Código de Comercio (solo prevé la posibilidad de solicitar a un consocio o condueño, los documentos de la sociedad que tenga en su poder).

Con este criterio, quien va a demandar puede solicitar a la sociedad anónima a la que pertenece, la información requerida para promover un juicio. Registro: 2022999

Suspensión provisional por no pago de rentas durante Covid-19

En una controversia de arrendamiento de un inmueble, el arrendatario solicitó la suspensión provisional en contra del auto en el que se le ordenó el requerimiento de las rentas adeudas y el embargo precautorio de bienes, cabe señalar que las rentas fueron generadas durante la pandemia por Covid-19. Al respecto un TCC determinó que sí procede conceder la suspensión para paralizar dicho auto, al considerar que la pandemia es un evento de fuerza mayor en el que puede existir justificación para el retraso o incumplimiento de obligaciones. Registros: 2023015 y 2023014.

Amparo adhesivo ante sentencia favorable en materia laboral

En un juicio laboral, la parte que obtuvo sentencia favorable decidió promover amparo directo en su contra, haciendo valer únicamente violaciones procesales. Un TCC determinó en tesis aislada, que el amparo directo debía sobreseerse, ya que la vía procedente era el amparo adhesivo. Registro: 2023010

Jefe del SAT como parte en un juicio contencioso administrativo

La legislación establece que el Jefe del SAT es parte demandada en todos los juicios contenciosos administrativos federales en los que se controvierta una resolución relacionada con convenios de coordinación fiscal entre los estados y la federación (Artículo 3, fracción II, inciso c), Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo).

En tesis aislada un TCC determinó que si el Jefe del SAT no es llamado a juicio deberá reponerse el procedimiento a fin de que se subsane ese vicio y todas las partes puedan ser oídas de forma previa a que se emita una resolución, de acuerdo con el principio de igualdad de las partes. Registro: 2023009

Inconstitucionalidad de cláusulas de no competencia y medio ambiente

En un contrato de compraventa de acciones se pactaron cláusulas de no competencia, impidiendo la participación de una de las partes en actividades de recolección y tratamiento de residuos marinos durante un plazo de cinco años, en mares en Latinoamérica y el Caribe. Las cláusulas fueron impugnadas por ser consideradas desproporcionales y transgredir el derecho al trabajo.

Un TCC determinó en tesis aislada que los contratantes solo pueden pactar cláusulas apegadas a la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que México sea parte. En este caso, el TCC consideró que las cláusulas no podían prevalecer, porque transgreden el derecho al trabajo y podrían afectar el derecho a un medio ambiente sano.

Asimismo, se estableció que de acuerdo con el principio de precaución, los juzgadores deben analizar y actuar ante un posible deterioro al medio ambiente por ser de máximo interés público.Registros: 2022990 y 2023000

Constitucionalidad e inconstitucionalidad de Ley de Ingresos de un municipio

En la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato para 2020 se establecieron distintos beneficios fiscales y estímulos cuya constitucionalidad fue analizada por un TCC:

Se estableció un beneficio fiscal consistente en la aplicación del factor del 0.80 sobre el monto del impuesto predial para los inmuebles ubicados fuera de los límites urbanos y suburbanos. Al respecto, el TCC determinó que a este estímulo no le aplican los principios de justicia fiscal en tanto no modifica el objeto, base, tasa o tarifa ni época de pago que son los elementos esenciales de la contribución (artículo 48). Registro: 2022996

Se previó una tasa diferenciada para el pago del predial, en el que los inmuebles sin edificaciones tendrían una tasa mayor respecto de los que sí contaban con edificaciones. Lo anterior se pretendió justificar en un fin extrafiscal: disminuir los índices de inseguridad. El TCC resolvió que este artículo sí transgrede el principio de equidad tributaria debido a que no es una medida idónea para cumplir con el fin extrafiscal planteado (artículo 5º). Registro: 2022995

Se estableció una tasa preferencial del 0.1% aplicable al impuesto predial, para terrenos que ya cuenten con permisos de de construcción o de desarrollo de condominios. El TCC determinó que este beneficio no viola el principio de equidad tributaria en tanto está debidamente delimitado y cumple con el fin extrafiscal de impulsar el crecimiento económico del Municipio (artículo 49). Registro: 2022994

Instituciones de salud pública como autoridades en juicio de amparo

En esta tesis aislada, un TCC sostuvo que las instituciones públicas de salud no pueden ser señaladas como autoridades responsables en juicio de amparo cuando se les reclama un acto relacionado con el trabajo del quejoso en función de una relación obrero patronal y en un plano de coordinación. El juicio de amparo promovido en dichos terminos es improcedente. Registro: 2022993

e.firma de personas morales y juicio en línea

En tesis aislada un TCC determinó que las personas morales podrán realizar promociones en el Portal de Servicios en Línea del CJF con su propia firma electrónica (e.firma) lo anterior en tanto que el artículo 17-D del CFF prevé la posibilidad de que las obtengan y la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2018 establece los requisitos para obtenerla. De esta forma, los órganos del PJF deberán reconocer como válidas las firmas electrónicas de las personas morales siempre que estén vigentes y certificadas por el SAT. Registro: 2022992

Esta tesis entra en contradicción con una publicada en febrero de este año, en la que un TCC resolvió que no obstante que las personas morales cuenten con una firma electrónica, la demanda de amparo debe ser firmada por su representante legal, utilizando la e.firma de éste. Registro: 2022665 [Blog 6]

Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal

El Acuerdo fue publicado el pasado 22 de abril en el Diario Oficial:

  • Considera que existe una disparidad de cargas de trabajo entre los órganos del PJF y que es relevante tener un mecanismo que permita canalizar la carga de trabajo en los órganos jurisdiccionales del PJF.
  • Considera que se debe aprovechar la capacidad de los órganos con menor carga de trabajo para que auxilien a otros órganos con mayor carga, en beneficio de los particulares.
  • Determina que todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito tendrán jurisdicción en toda la República Mexicana para el dictado de sentencias en auxilio de otros órganos de la misma especialidad, cuando ello sea determinado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos (Comisión).
  • Determina que la Comisión será la encargada de señalar los órganos que auxiliarán con la carga de trabajo y aquellos que serán auxiliados, la cantidad de expedientes, la temporalidad y los lineamientos aplicables.

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