Artículo publicado en el periódico Milenio el día 22 de julio del 2020.

 

La Cámara de Diputados debe nombrar hoy a cuatro consejeros del INE. De estas designaciones depende la organización y confiabilidad de las elecciones de 2021. El dilema es claro: los legisladores podrán optar por la responsabilidad democrática o por la voracidad partidista. Por el bien de todos, debe imponerse la primera.

Por buenas razones, la Constitución establece un procedimiento complejo que busca garantizar la imparcialidad de los consejeros, la generación de consensos y la oportuna integración del Consejo General. La pieza clave de este engranaje es el Comité Técnico de Evaluación, un órgano apartidista encargado de evaluar a los candidatos, seleccionar perfiles idóneos e integrar las quintetas que deben votar los diputados por dos terceras partes. Si la votación no se realiza o si no se logra la mayoría, la Cámara de Diputados —o, en su defecto, la SCJN— debe realizar un sorteo.

El actual proceso de designación comenzó con el pie derecho. Se integró un comité de evaluación plural, con personas de altísimo nivel y con una clara vocación republicana, pues no olvidemos que se trata de un cargo honorífico. La Jucopo emitió un buen acuerdo que detalló etapas y requisitos. El comité buscó en todo el momento el consenso y logró el acuerdo unánime para nueve candidatos y ocho candidatas. Acordó, también por unanimidad, recurrir a la votación para elegir a quienes no tuvieran consenso.

El primer tropiezo sucedió cuando, en el último momento, un integrante del comité no aceptó el resultado de una votación y encendió una mecha que pretende calcinar un procedimiento en cuya construcción participó.

Lo que resultó más sorprendente —y alarmante— fue la aparición de un desplegado firmado por 97 diputados de Morena y PT en el que, sin argumento alguno, afirman que en las quintetas “fueron insertadas personas mayoritariamente identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación”. Peor aún, explícitamente exigen invalidar el proceso de designación y emplear su mayoría “en aras de depurar y enderezar al INE”. Los diputados firmantes piden, en una nuez, romper el orden constitucional para cooptar al árbitro electoral.

La democracia presupone la existencia de reglas y autoridades electorales confiables. Los diputados deben respetar las reglas constitucionales y optar por perfiles que sean aceptables para todas las fuerzas políticas. Ojalá no olviden que, como escribió Ana Laura Magaloni, “la gobernabilidad se asienta en la imparcialidad de los árbitros que resuelven conflictos propios de una sociedad plural”.

Es cierto que la democracia mexicana ha incumplido sus promesas. Muchos queremos una transformación radical para tener una sociedad más justa y equitativa. Pero esta transformación debe ser democrática, o no lo será.