El desaseo constitucional de las autoridades de salud es lamentable. Las resoluciones del Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y el presidente López Obrador están descoordinadas. Un día deciden “hagámosle así” y, a la mañana siguiente, “mejor no”. Después, “siempre sí” y, a las pocas horas, “mejor lo cambiamos”.

 

El desorden se remonta al 23 de marzo cuando el Consejo de Salubridad General se autodeclaró en sesión permanente, lo cual viola la ley. Las versiones de las reuniones no son públicas: no se sabe quiénes de los integrantes asistieron ni cómo votaron. A su vez, la guía bioética para la atención médica del COVID-19 fue elaborada por un comité sin existencia legal. Además, sus resoluciones no son aprobadas por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, como es debido. El mausoleo de la opacidad.

 

Las fallas en la gestión sanitaria se extienden a las entidades federativas. En un acuerdo del 21 de abril, el secretario de Salud delegó en los gobernadores la prevención y control de la pandemia, lo que implicaba la fijación de sus tiempos de reapertura. En una declaración reciente, sin embargo, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Hugo López-Gatell dijeron que siempre no, dado que la Secretaría de Salud es la única facultada para regular el calendario nacional y regional de actividades. Un acuerdo del 29 de mayo ratificó que los niveles de alerta del semáforo serán dictados por el gobierno federal.

 

Para rematar, el 23 de abril el presidente López Obrador decretó que la administración pública reiniciará funciones el 1º de agosto, en contraste con los lineamientos de la Secretaría de Salud que indican que las actividades socioeconómicas se retomarán de manera escalonada a partir del 1º de junio.

 

El surrealismo constitucional se exacerbó el martes 12 de mayo. En la tarde de ese día, el Consejo de Salubridad General votó y aprobó la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. Fue una resolución inconstitucional, pues el Consejo carece de competencia legal para ajustar las medidas extraordinarias de la Secretaría de Salud. La documentación respectiva no contaba con la firma del secretario Jorge Alcocer y aún así se envió al Diario Oficial de la Federación.

 

El miércoles 13 de mayo, el acuerdo se publicó en la edición electrónica del Diario Oficial. A las pocas horas el archivo digital se eliminó. Fue un acto inusitado y sentó un precedente funesto. Luego, el jueves 14 de mayo, la Secretaría de Salud emitió un nuevo acuerdo para la reanudación de actividades. Su vida fue efímera: el viernes 15 se reformó otra vez. Las pifias constitucionales no se remedian con teclazos.

 

La bipolaridad jurídica es causa y efecto de una política errática. La Secretaría de Salud está urgida por implementar la Nueva Normalidad, pese a que el viernes pasado, de súbito, a 31 entidades se les asignó el nivel de máxima alerta, con semáforo en rojo. O sea, hacemos como que avanzamos pero seguimos como estábamos.

 

En la crisis global, México va al garete. Los ciudadanos hacemos gala de reciedumbre, pero la estadística nacional y la experiencia mundial juegan en contra. El desgobierno sanitario evidencia la fractura del Estado de derecho, arriesgando en ese trance nuestras vidas.