Artículo publicado en la revista Expansión el día 14 de mayo del 2020.

El gobierno tendría que apoyar a las empresas afectadas por la pandemia y evitar un efecto dominó sobre otras empresas vinculadas a sus cadenas de producción o suministro.

La vocación natural de las empresas es generar riqueza. A su éxito contribuimos los accionistas, los trabajadores y el gobierno federal. Somos socios en las utilidades: si ellas ganan, todos nos beneficiamos; si pierden, nadie gana.

El desarrollo económico nacional no incumbe solamente al sector privado. Según la Constitución Federal, también es responsabilidad de los sectores público y social. Cada uno asume un compromiso específico: los trabajadores aportan la fuerza de trabajo; los empresarios colocan capital en riesgo, y operan y administran los negocios; y al Estado compete planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica del país.

La producción de riqueza está entrelazada al desarrollo económico. Su distribución entre los sectores social, público y privado opera por mandato de ley. Los trabajadores tienen preferencia: sus salarios y prestaciones económicas —incluyendo el 10% de participación de utilidades, o PTU— se cubren en primer lugar. Después se pagan los impuestos y, al final, los dividendos a los accionistas. Así, desde el ámbito empresarial, se cumple en México con el postulado constitucional de justicia social.

En una crisis como la actual, las empresas en aprietos por causa del COVID-19 —inmobiliarias, turísticas, restauranteras y aeronáuticas, entre otras— necesitan la asistencia del Estado. De su continuidad depende, y la Constitución lo reafirma, que el desarrollo económico sea “integral y sustentable” y así se fortalezca “la Soberanía de la Nación y su régimen democrático”.

No se trata, en forma alguna, de la concesión de dádivas ni de subsidios a fondo perdido. Durante la emergencia sanitaria, al Estado le corresponde dar oxígeno con apoyos como los contenidos en las 68 recomendaciones del Consejo Coordinador Empresarial para un Acuerdo por México. Por ejemplo, que las autoridades concedan a las empresas en crisis el diferimiento temporal en el pago de los impuestos.

El Estado no es inversionista ni es su obligación salvar empresas en quiebra, a menos que, de manera estratégica y por razones de política pública —como defender la planta laboral—, convenga invertir en ellas. En la presidencia de AMLO, Pemex es un paradigma de este tipo de rescate.

El gobierno tendría que apoyar a las empresas afectadas por la pandemia y evitar un efecto dominó sobre otras empresas vinculadas a sus cadenas de producción o suministro (clientes y proveedores). Es el sentido de responsabilidad que el Estado comparte con la iniciativa privada y el sector social.

Cuando las empresas desaparecen, los accionistas no son los únicos perdedores. Los trabajadores pierden sus empleos, salarios, PTU y otras prestaciones laborales. El fisco disminuye la recaudación fiscal y, de manera inevitable, se reduce el margen del gasto público. La financiación de programas sociales también entra en fase crítica. Todos perdemos. El sentido social que la Constitución impone al desarrollo económico procura justamente lo contrario.