Artículo publicado en el periódico El Universal el día 20 de abril del 2020 con la coparticipación de:

 

Juan Jesús Garza Onofre, Investigador del IIJ-UNAM

Sergio López Ayllón, Director General del CIDE

Issa Luna Plá, Secretaria Académica del IIJ-UNAM

Javier Martín Reyes, Profesor/Investigador CIDE

Pedro Salazar Ugarte,, Director del IIJ-UNAM

 

Los diputados y senadores han declinado cumplir con el encargo que les dieron millones de mexicanos. Hoy los legisladores no sesionan, no debaten, no deciden, no aportan para hacer frente a la pandemia.

Vivimos una situación excepcional generada por la emergencia sanitaria. De eso no hay duda. Las consecuencias de un fenómeno sin precedentes han impactado a todos los ámbitos de la vida y, por obvias razones, sus efectos no escapan al Derecho.

Por la vía del decreto, el 27 de marzo, el presidente López Obrador declaró acciones extraordinarias para combatir la contingencia generada por el Covid-19. Desde ese momento, la ley habilitó a la Secretaría de Salud para emitir un conjunto de medidas extraordinarias que pueden afectar derechos y garantías, como la limitación de las libertades de tránsito, trabajo y comercio.

Así sucedió el 31 de marzo. Mediante un acuerdo, el Secretario de Salud ordenó la suspensión inmediata de todas las “actividades no esenciales”. Sin embargo, el mismo decreto dejó en claro que las actividades esenciales podían continuar. Entre ellas se encuentran, por supuesto, las actividades de procuración e impartición de justicia, así como “la actividad legislativa en los niveles federal y estatal”.

Así, por buenas razones, el gobierno federal ha sido y es la fuente de la acción pública para contener la enfermedad. Pero de manera silenciosa e inadvertida, crece cada día un problema constitucional: el Congreso de la Unión ha dejado de funcionar.

No exageramos. Desde hace semanas, los diputados y senadores han declinado cumplir con el encargo que les dieron millones de mexicanos. Hoy los legisladores federales no sesionan, no debaten, no deciden, no aportan de su parte para hacer frente a la pandemia. No cumplen, para decirlo pronto, con sus facultades representativas, deliberativas, de control, rendición de cuentas y de aprobación de los necesarios ajustes presupuestales que tiene, de manera exclusiva, el cuerpo más plural de toda democracia constitucional mexicana.

Esto es relevante porque las leyes que tenemos en materia presupuestal, laboral, fiscal, civil, administrativa, mercantil, electoral, penal, entre otras, son claramente insuficientes e impiden que se adopten las medidas tanto urgentes como de mediano plazo para atender las consecuencias económicas, políticas y sociales de la pandemia.

Esta parálisis no es la regla en los congresos internacionales. Sesiona el congreso del Consejo Europeo, sesionan presencial o virtualmente en Reino Unido, Francia, España, Argentina, Chile. Los legisladores en pandemia reforman leyes presupuestales para hacer ajustes y crean fondos para comprar equipo médico (por ejemplo), definen reformas y presupuestos para dar protección y seguridad laboral, ordenan la compra y demandan al Ejecutivo priorizar pruebas de Covid-19. Es más, algunos congresos de los estados de la República también sesionan. Es el caso de Sinaloa, Chiapas, Zacatecas, y en algunos casos han creado comisiones especiales para supervisar el ejercicio de fondos extraordinarios.

Conviene recordar que la función legislativa no es sólo una más entre otras en un Estado constitucional moderno. Se trata de la piedra angular de toda democracia pues es el foro público en el que se expresa y delibera la pluralidad de la nación. Por si no bastara, sus integrantes, en conjunto, son un engranaje fundamental del sistema de frenos y contrapesos.

En un sistema presidencial, un congreso dominado por el partido del Presidente es algo regular y frecuente. Cuando ello sucede los frenos pueden desgastarse y, la deliberación, atenuarse. Pero ello no quita relevancia al Poder Legislativo ni supone que éste pierda su autonomía ni su voz representativa. Esto es así porque, dentro y fuera de la mayoría, el parlamento sigue siendo la sede en la que se discrepa y se escucha la voz de las minorías. Por eso, los congresos activos en la pandemia (menos el Congreso de la Unión mexicano), están llamando a la unidad de las fuerzas políticas y poniendo freno al poder ejecutivo.

El vigor y vigencia de la representación son, en breve, lo que separa a las democracias de las autocracias. Por ello, el Congreso debe terminar su voluntaria siesta y retomar su papel central en las decisiones que, si son adecuadas, permitirán reconstruir el futuro de México.

Lo que vivimos en estos momentos es muy delicado. El paulatino y, paradójicamente, voluntario desvanecimiento de Congreso de la Unión puede convertirse en una crisis política. El Ejecutivo está gobernando por la vía de decretos, acuerdos y decisiones unilaterales. De esta manera el Gobierno norma, regula, aplica e incluso adjudica y reasigna presupuesto. Y lo hace, además, al amparo de la emergencia, sin someterse a los límites materiales y a los controles (legislativos y judiciales) que, según la propia constitución, deben operar cuando se declara la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y sus garantías.

Apenas en los días pasados ha emergido un tímido debate sobre la necesidad de reanudar las labores parlamentarias. Pero —como confirmación de la preocupación que motiva este artículo — el motivo de la discusión ha sido la petición del Presidente de que sea aprobada su iniciativa de ley de amnistía. Estamos en problemas: la causa del debate no es la urgencia de normalizar el orden constitucional, sino el apremio por satisfacer la voluntad presidencial.

Pareciera que se espera que los legisladores sean una correa de transmisión de la voluntad del Poder Ejecutivo. Si las cámaras del Congreso renuncian a tener una agenda propia y a denir libremente sus prioridades claudican de sus funciones constitucionales. Además, rompen los puentes con la ciudadanía que son su fuente de legitimidad. Ello es de especial gravedad en contextos como el actual en el que debemos encarar los desafíos que conlleva la pandemia. Hoy más que nunca es necesaria la representación plural que solo puede residir en el parlamento.

El Congreso debe reactivarse con una agenda a la altura del contexto. Un momento extraordinario demanda una agenda legislativa excepcional. Esta coyuntura permite que nuestros representantes populares adopten decisiones que permitan sortear la crisis y, al mismo tiempo, brindar protección y ofrecer un futuro viable a las personas más vulnerables ante la pandemia. Necesitamos legisladores federales enfocados en una agenda legislativa que ofrezca certezas y brinde seguridad jurídica a las personas. Al gobierno le toca implementar las políticas pero el Congreso de la Unión debe dictarlas.

Trazamos una ruta de algunas de las medidas que nos parecen más urgentes: 1) el diseño de un mecanismo excepcional que permita a patrones y trabajadores sortear la crisis y llegar a acuerdos que preserven las fuentes de empleo, 2) la creación de medidas fiscales de alivio que eviten el cierre masivo de empresas y, en consecuencia, la pérdida de millones de empleos, 3) la construcción de un sistema de seguridad social tendencialmente universal, 4) medidas que faciliten las quiebras y permitan realmente la creación de nuevas empresas y 5) la designación de los nuevos miembros del INE y de otras autonomías constitucionales.

La crisis sanitaria y sus efectos no deben arrastrar a nuestra institucionalidad democrática. Por eso, el Poder Legislativo —y, por supuesto, el Poder judicial— deben reactivarse y cumplir su función constitucional. Como ha dicho la presidenta del congreso norteamericano en funciones durante la pandemia: los capitanes del barco salen al último.

Debemos atender lo urgente pero también mirar a mediano y largo plazo para imaginar un espacio público distinto al que se ha esfumado. Un espacio más diverso, más incluyente, más solidario. Un espacio que solo será po