En su discurso del primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “en los hechos”, con las modificaciones realizadas, se ha configurado “una nueva Constitución”. Días antes, en Tlapa, Guerrero, sostuvo que a la 4T le correspondía “hacer una nueva Constitución”. Pero como ello generaría mucho revuelo “nos vamos a ir despacio… y cuando se vengan a dar cuenta ya va a haber una nueva Constitución”. Estas afirmaciones admiten varios planos de análisis.

En la dimensión cuantitativa, a lo largo de 2019 se han publicado cinco decretos de reformas que modifican 26 artículos constitucionales. Hay otro decreto pendiente de publicación que reforma otros ocho artículos, para sumar un total de 34. Como punto de comparación, durante sus respectivos primeros años de mandato, Vicente Fox reformó cinco artículos, Felipe Calderón 25 y Enrique Peña Nieto 21. El ritmo de cambio es sin duda mayor.

Cualitativamente, las reformas pueden agruparse en tres grupos. 1) La materia de derechos humanos: educación, paridad de género y derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas; 2) La vertiente de seguridad y combate a la delincuencia, y 3) La consulta popular y la revocación de mandato.

Aunque las reformas inciden de manera directa en la estabilidad del sistema presidencial (renovación de mandato) y las condiciones constitucionales del uso del monopolio de la fuerza (efecto combinado de Guardia Nacional más ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa más extinción de domino), es difícil sostener que éstas modificaron radicalmente la arquitectura de la Constitución. Más bien se mantienen en línea de continuidad con el proceso de cambio constitucional del siglo XXI, que para diciembre de 2018 acumuló 43 por ciento del total de artículos reformados desde 1917.

Si pasamos al plano de la operación constitucional, quizá el Presidente tiene razón. Un mismo texto constitucional funciona de manera distinta en contextos políticos diversos. Luego de la elección de 2018, el sistema político mexicano cambió y por ello la dinámica constitucional también. Hoy los equilibrios de poderes juegan en favor del Presidente y su mayoría parlamentaria. Este cambio sí tiene consecuencias en su capacidad de incidir en el contenido y aplicación de la Constitución.

Pero el propósito explícito de la 4T es mucho más ambicioso. Quiere consolidar un cambio de régimen que, en buena lógica, conduce necesariamente a una nueva Constitución. Caben al menos dos preguntas. La primera es si ésta se construirá mediante reformas parciales o si, con el tiempo, la legitimidad alcanzará para convocar a un constituyente. La segunda se relaciona al paradigma que subyacería en una “Constitución transformada”. Sobre este tema volveremos en la siguiente entrega.

 

Artículo publicado en el periódico Milenio el 11 de diciembre de 2019